Pelayo entregó ayer el XXIII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio en una gala que reunió a más de 800 personas en el Casino de Madrid. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, fue el encargado de entregar a Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos el galardón. La semblanza del galardonado la realizó Consuelo Madrigal, fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El premio está dotado con 30.000 euros (que goza de exención fiscal) y una estatuilla conmemorativa. La mesa presidencial estuvo compuesta por el presidente del CGPJ, el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado, Landelino Lavilla, presidente del Jurado del Premio Pelayo y Consejero Permanente de Estado y José Boada, presidente de Pelayo.

Más de 800 personas fueron testigos de la entrega del premio a Antonio Hernández-Gil por su labor en el Derecho Civil. Además del jurado en pleno, asistió una nutrida representación de personalidades políticas, jurídicas y empresariales, entre ellas, anteriores ministros como Mariano Fernández Bermejo, Javier Moscoso, Marcelino Oreja o Isabel Tocino, anteriores Fiscales Generales del Estado como Juan Ortiz Urculo, Eduardo Torres-Dulce o Cándido Conde Pumpido, así como Sergio Alvarez, director general de Seguros, o Flavia Rodríguez-Ponga, directora general del Consorcio de Compensación de Seguros, entre otros.

Durante su intervención, José Boada, presidente de Pelayo destacó la necesidad de contar con un marco jurídico estable y destacó el apoyo a la Constitución. Boada agradeció al rey Felipe VI haber aceptado la presidencia de honor del acto.

Antonio Hernández-Gil, en su discurso como galardonado, hizo un balance sobre su concepción del derecho. En sus propias palabras, “el derecho no sólo está impregnado de valores, sino que es él mismo un valor, por su capacidad de transformación social”. Sólo a través del derecho se progresa hacia una sociedad más justa, señaló.

Hernández-Gil recordó cómo ahora “Europa y España parecen condenadas a la confusión, sin una decisión inmediata de esfuerzo colectivo”. Pero también destacó la importancia de seguir el mandato Constitucional, con el que estamos comprometidos, siendo el papel de los juristas el de integrar las ideas y los valores en una arquitectura institucional adecuada, que debería desarrollarse en una nueva Edad de los Deberes.

Por su parte, Consuelo Madrigal, miembro del Jurado y ex Fiscal General del Estado, realizó la semblanza del galardonado, destacando su precocidad, así como su sabiduría, que abarca más allá del ámbito del derecho, en mundos como la música, la filosofía o la astronomía, por mencionar algunos. Pero sobre todo, Consuelo Madrigal destacó la profunda vertiente humanista de Antonio, quien a lo largo de toda su obra jurídica siempre ha promovido el poder que tiene la ética, la filosofía y el derecho, para transformar y mejorar el mundo.

Para finalizar José Boada convocó la XXIV Edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.