La sucesión de denuncias desvela la falta de control en el cumplimiento de la ley
El Congreso de los Diputados ha exigido este jueves al Gobierno central y a las Comunidades Autónomas un mayor control sobre la publicidad engañosa en materia de salud bucodental. La sucesión de denuncias por incumplimientos de contratos con pacientes y el cierre de algunos establecimientos de este sector sanitario ha provocado esta reacción de los grupos parlamentarios, acordes con la proposición no de ley presentada por Ciudadanos y que, finalmente, ha acogido algunas enmiendas para así facilitar su aprobación en la comisión de Sanidad.
Como datos revelador de esta preocupación social, el último cierre inesperado de una clínica dental ha supuesto la presentación de hasta 1.500 denuncias, aunque la cifra de afectados se antoja ahora mismo mucho más amplia. Según el diputado de Ciudadanos Francisco Igea, “nosotros les hemos recomendado una denuncia por daños contra la clínica, pero también contra las propias consejerías autonómicas que no han estado vigilantes”.
Durante la comisión se ha puesto de manifiesto la falta de control por parte de las autoridades sobre la divulgación de publicidad engañosa, “que juega con la salud” de las personas, como ha señalado la portavoz del PSOE. Pero desde Ciudadanos se ha recordado que las auténticas competencias en esta materia radican en las Comunidades Autónomas y por ello ha extendido la responsabilidad. Para Unidos Podemos, todo se reduce a “cumplir la ley y es lo que tenemos que exigir porque para eso se aprobó”.
La sucesión de denuncias se mantiene. Desde el PP se ha recordado cómo en Andalucía desde enero de 2017 a marzo de 2018 “ha habido un total de 1.092 reclamaciones por personas que se sienten perjudicadas por una publicidad falta de rigor y falsa”. Por ello, todos los grupos se han puesto de acuerdo en denunciar “que se está jugando con una expectativa de salud que se debe sancionar”. En la resolución se ha insistido en el mayor control de las instituciones para evitar este tipo de fraudes. Igea, de hecho, ha recordado que la última clínica dental que ha cerrado en Zaragoza carecía del correspondiente permiso de licencia aunque seguía abierta al público. En su opinión, este caso refleja la falta de vigilancia de las autonomías, a quienes ha atribuido la principal responsabilidad.