El pasado 9 de abril la tribuna Foro Inade abordó la gestión del riesgo de consejeros y directivos, es decir, cómo su patrimonio personal queda expuesto a un riesgo global. La jornada comenzó con la presentación por parte de Javier Fernández, subdirector de Líneas financieras de Willis Towers Watson, del estudio que anualmente elabora la correduría para conocer las preocupaciones de los consejeros y directivos sobre sus responsabilidades.  

Según el mismo, el 60% de los encuestados afirmó que el riesgo es una parte fundamental de la toma de decisiones. Lo que más les preocupa es la reputación y la ciberseguridad (44%).

A continuación, una mesa de expertos moderada por Adolfo Campos, director de Fundación Inade, analizó el cambio en la cultura del riesgo que afecta a la alta dirección de la empresa. También se abordaron las soluciones que proporciona la industria y los efectos en los consejos de administración de las figuras de los “consejeros ejecutivos dominicales” y “consejeros independientes”.

Mesa redonda

Los ponentes que representaban a la parte de los consejeros delegados destacaron que éstos se juegan su patrimonio personal, “incluso el de sus herederos”, indicó José Rodríguez. Según Juan Güell, “el riesgo crece exponencialmente y se está recurriendo mucho a la figura del consejero independiente para velar por los intereses de las empresas”. “Somos conscientes de la responsabilidad y sabemos que es imposible el riesgo cero”, añadió. 

Marta Gómez-Llorente señaló que “uno de los riesgos más importantes a los que se pueden enfrentar es la disrupción del modelo de negocio”. Por ello, reclamaban a los representantes del sector asegurador “la creación de una póliza que cubra individualmente al consejero”. “Cada vez existe una mayor concienciación sobre la implicación que supone ser consejero y la importancia de cubrir el riesgo. Es una obligación de la empresa tener esas pólizas y una obligación nuestra es buscarlas, porque el interés de la empresa y del consejero no pueden ser diferentes”, explicó Juan Güell.

Marta Sultán se centró en las reclamaciones. “El 30% de las reclamaciones de D&O son penales” y “las multas administrativas de la Agencia Tributaria se han incrementado”. Además, hizo hincapié en que “las pólizas representan en lo posible el espíritu de proteger el patrimonio del administrador”.

Javier Fernández reflexionó acerca de que “el mercado sigue blando, aunque hay nuevos jugadores que quieren participar y que llevarán a que se endurezca, porque con siniestros con gastos de defensa que alcanzan los 100.000 euros y primas para pymes de 600 euros, es lo más lógico”. A esta cuestión, José Rodríguez añadió que “la póliza debería cubrir un periodo de al menos cuatro años”. 

María Victoria Valentín-Gamazo especificó que “las compañías no se pueden negar a cubrir el riesgo cuando hay una investigación por dolo, porque éste solo se aplica por sentencia firme”. Igualmente, solicitó a los empresarios que “busquen varias opciones para la cobertura de los gastos de defensa, que deben ser razonables”.  

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