La DGSFP detecta irregularidades en las comisiones pagadas a los corredores en los ERE de la Junta de Andalucía

Según un informe del supervisor aportado a Mercedes Alaya

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha detectado en los ERE financiados por la Junta de Andalucía el pago de un exceso de 66.155.573 euros en comisiones por encima de la media de mercado, según un informe aportado a la juez instructora, Mercedes Alaya al que ha tenido acceso Efe y recoge RTVE.

En el informe, el supervisor del sector asegurador recoge varias irregularidades en las pólizas utilizadas para cubrir los ERE, como que actuaron agentes para varias entidades a la vez, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediador.

El organismo que dirige Flavia Rodríguez-Ponga apunta además que las mutualidades del grupo Fortia “carecían de la preceptiva autorización administrativa para operar fuera de Cataluña”.

Comisiones por encima del mercado

Los inspectores han analizado las pólizas pagadas por la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2011 investigadas en el caso de los ERE y han concluido que se pagaron “comisiones significativamente superiores a la media de mercado”, que estaba situada en el 2% en el periodo analizado, según los informes anuales de la DGSFP.

En total, el grupo Uniter cobró 29.804.937 euros en sobrecomisiones, Vitalia 36.228.300 euros, Expert Ejecutivos 71.417 euros y Atlantis -vinculada a CCOO– 50.918 euros, dice el peritaje.

El informe añade que “se deduce un patrón de conducta por el que las comisiones se establecían casi con carácter sistemático en el entorno del 10%“, sobrecoste que “no es admisible justificar en unos supuestos compromisos y gastos extraordinarios soportados”.

Los inspectores concluyen que, pese a que la comisión era liquidada por la entidad aseguradora al mediador, “era indirectamente abonada por la Junta de Andalucía dentro del recibo del seguro y, en consecuencia, tiene un coste para el erario público“, lo que puede influir para la calificación de los presuntos delitos como de malversación.

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