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AIG promociona su póliza de responsabilidad medioambiental

La orden ministerial obliga a las compañías de mayor riesgo a disponer de una garantía financiera

La aseguradora AIG ofrece su póliza de responsabilidad medioambiental “como solución a la inquietud que está detectando en algunos clientes ante la publicación el pasado 30 de octubre de una orden ministerial que desarrolla la obligatoriedad de que las compañías de mayor riesgo suscriban la garantía financiera establecida por la ley que regula este ámbito. Seguir leyendo

Agers propone cambios en el borrador del Anteproyecto de Modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental

La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (Agers) ha remitido un documento al Ministerio de Medio Ambiente en el que desarrollan propuestas de modificación y estudio de determinados puntos del borrador de Anteproyecto de Modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental (LRM) sometido a consulta pública.

La asociación ha realizado un profundo análisis técnico, jurídico y de aplicación real de las modificaciones contempladas en dicho anteproyecto, y propone modificar algunos aspectos del borrador en defensa de los intereses de sus asociados, así como del ámbito empresarial y la sociedad en su conjunto, según explica Agers en un comunicado.

La Asociación cree necesario establecer un sistema único de evaluación y análisis de riesgos medioambientales para los operadores obligados por la ley a constituir una garantía financiera y a la realización de análisis de riesgos por la LRM y otras legislaciones como la Ley de prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) o, la derivada de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO II).

Además, Agers estima conveniente el establecimiento de un sistema armonizado de garantías financieras en el ámbito de la legislación medioambiental, así como promover y sensibilizar a los operadores no obligados a la constitución de garantías financieras para que realicen análisis de riesgos y búsqueda de garantías financieras, aunque no sean de carácter obligatorio, apoyado mediante incentivos o deducciones fiscales para estos gastos (análisis de riesgos y seguros).

Por último, la Asociación pide a la Administración armonizar los criterios para la determinación de la “significatividad” del daño medioambiental entre las distintas Administraciones, operación crucial, puesto que sobre ella descansa la aplicabilidad del sistema de responsabilidad medioambiental de la Ley 26/2007.