A pesar de la decisión del Gobierno de aumentar un 17,12% la prima del concierto sanitario de Muface para los próximos dos años, este incremento sigue siendo insuficiente para garantizar la viabilidad del modelo. Según Aspe, la patronal de la sanidad privada, la escasa remuneración es un riesgo para la continuidad de Muface, que ofrece cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 8 de octubre la licitación del nuevo concierto sanitario de Muface, con una subida del 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026, pasando de 1.032,12 euros por asegurado en la actualidad a 1.208,81 euros al final del periodo. A pesar de ser la mayor cifra registrada hasta la fecha, sigue estando por debajo de las exigencias de Muface, que había solicitado un incremento del 24%, y de las aseguradoras de salud participantes, que reclamaban un aumento del 40%.
Muface cubre a 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios
Muface, que brinda cobertura a funcionarios tanto en España como en 123 países, cuenta con un colectivo de más de 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. La mayor parte, el 65%, corresponde a docentes de primaria, secundaria y universidades, mientras que un 17% pertenece a cuerpos de la Administración General del Estado.
Un informe de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ASPE ha destacado que la edad media de los mutualistas ha subido a 57,8 años en 2022, lo que ha incrementado la demanda de atención sanitaria debido al aumento de patologías crónicas. La situación se agrava con la insuficiencia del cuadro médico y la calidad asistencial debido a la baja remuneración ofrecida por el Gobierno.
Las principales aseguradoras que prestan el servicio —SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV— han señalado que el contrato es deficitario, con pérdidas conjuntas de 200 millones de euros anuales durante el periodo 2022-2024. Las empresas han insistido en la necesidad de un aumento de la prima mayor al propuesto, para poder seguir ofreciendo una cobertura de calidad a los mutualistas.
Lo que proponía el seguro de salud
Fuentes del sector indicaron estar dispuestas a asumir una subida inicial del 25% en el primer año y otro incremento del 10% en el segundo, para hacer sostenible el sistema. Sin embargo, el Gobierno inicialmente planteó solo un 14%, cifra que finalmente ha sido elevada al 17%, aunque sigue estando lejos de las demandas de las aseguradoras. El presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra, advirtió que, de no mejorar la dotación económica, el sistema “morirá de inanición”.
Si no se llega a un acuerdo para el nuevo concierto, que debe comenzar en enero de 2025, los mutualistas podrían verse obligados a integrarse en la sanidad pública, lo que pondría aún más presión sobre un sistema ya sobrecargado, especialmente en comunidades como Madrid, donde reside un mayor número de funcionarios.
La Fundación IDIS estima que la eliminación de la cobertura de las aseguradoras supondría un coste adicional de 1.214 millones de euros anuales para la Administración y la necesidad de incorporar casi 4.000 camas al sistema público. Asimismo, la pérdida de más de 1,5 millones de usuarios afectaría a centros sanitarios, infraestructuras y empleos que dependen de la sanidad privada.
También te puede interesar:
- ‘Together 4 a Better World’: el nuevo reto de Reale Foundation
- Crédito y Caución confirma su participación en el Congreso Finance Meeting 2024