El sistema público de pensiones en España se enfrenta a un desequilibrio estructural creciente que compromete su sostenibilidad futura. Así lo advierte el último informe del Instituto Santalucía, elaborado por el profesor de Economía Aplicada Miguel Ángel García Díaz, que analiza la situación actual y proyecta su evolución hasta 2050.
Según el estudio, titulado “Situación del sistema público de pensiones y proyecciones 2050 dentro del proceso de revisión en 2025”, el déficit del sistema ha alcanzado los 10.054 millones de euros en 2024, lo que representa el 0,6% del PIB. Un dato especialmente preocupante si se tiene en cuenta que casi el 30% del gasto en pensiones ya depende de transferencias del Estado, lo que refleja una progresiva pérdida del carácter contributivo del sistema.
Envejecimiento acelerado y presión creciente sobre el gasto
Uno de los principales factores detrás del desequilibrio es el intensificado proceso de envejecimiento de la población. El número de pensiones crecerá más de un 56% hasta 2050, impulsado por la jubilación masiva de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida.
Este escenario, combinado con el mantenimiento de una tasa de reposición alta (la mayor de la UE) y la actualización anual de las pensiones conforme al IPC, llevará a que el gasto en pensiones pase del 12,9% actual al 17,1% del PIB en 2050. Sin embargo, los ingresos previstos no superarían el 13,6%, generando un déficit estructural del 3,5% del PIB.
La cláusula de revisión de 2023, insuficiente para el Instituto Santalucía
Como parte de los compromisos con los fondos europeos Next Generation EU, en 2023 se introdujo una cláusula de revisión automática para corregir posibles desviaciones en el gasto. Sin embargo, el informe advierte que esta medida es insuficiente. Incluso aplicando la cláusula en su versión más estricta, en 2050 persistiría un déficit del 2,3% del PIB.
Reformas urgentes y necesarias
Ante este escenario, el Instituto Santalucía propone dos líneas de actuación:
- Reformas paramétricas del sistema actual, que incluirían elevar la edad de jubilación, ampliar el periodo de cálculo de la pensión, aumentar el número de años cotizados exigidos y vincular las pensiones a la esperanza de vida.
- Reforma estructural hacia un modelo de cuentas nocionales individuales, que permita una gestión más transparente, actuarialmente equilibrada y con incentivos alineados con la sostenibilidad del sistema.
José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía, subraya que “estamos en un punto de inflexión: mantener la suficiencia del sistema sin abordar su sostenibilidad es cargar una factura creciente a las generaciones futuras. No se trata solo de cuadrar cuentas, sino de garantizar un sistema justo, duradero y equilibrado”.
Un llamamiento al debate riguroso
El informe concluye con un mensaje claro: si no se actúa con responsabilidad y visión a largo plazo, las generaciones más jóvenes asumirán el coste en forma de mayores cotizaciones, impuestos o deuda pública. El Instituto Santalucía hace un llamamiento a abrir un debate público riguroso, transparente y técnico sobre el futuro del sistema de pensiones en España.
El documento cuenta con el respaldo del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, integrado por economistas de reconocido prestigio como José Ignacio Conde-Ruiz, Guillermo de la Dehesa, Rafael Doménech, Ángel de la Fuente, Mercedes Valcárcel, José Antonio Herce, Judit Vall y Josefa Ros.