El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como el Real Decreto-ley 3/2020, con el objetivo de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2025/2, que actualiza el marco europeo de Solvencia II.
La norma incorpora importantes avances en materia de proporcionalidad, supervisión, sostenibilidad y estabilidad financiera, reforzando la protección de los asegurados y la capacidad del sector para financiar la transición hacia una economía sostenible.
Según el Ministerio de Economía, con esta reforma España adapta su legislación al nuevo marco europeo, “garantizando una supervisión más eficaz y una mejor respuesta ante riesgos financieros, sin perder de vista el apoyo a la competitividad de las aseguradoras, especialmente las de menor tamaño”.
Principales novedades de la reforma
El texto aprobado agrupa las modificaciones en seis grandes bloques:
- Proporcionalidad: Se introducen medidas que simplifican el cumplimiento normativo, especialmente pensadas para pequeñas y medianas entidades aseguradoras, reduciendo cargas administrativas sin comprometer la solvencia.
- Capital de solvencia: Se mejora la sensibilidad al riesgo del capital exigido, de forma que las entidades con mayor exposición asuman más capital. Además, se promueven las inversiones en activos que financien la economía real, como infraestructuras o proyectos sostenibles.
- Régimen macroprudencial: Se dota al supervisor de nuevas herramientas preventivas para anticipar crisis y reforzar la estabilidad del sistema financiero.
- Sostenibilidad: El texto otorga un papel protagonista a los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), alineando al sector asegurador con los objetivos de financiación sostenible impulsados por la Unión Europea.
- Actividad transfronteriza: Se refuerzan los poderes de los supervisores nacionales para actuar frente a posibles prácticas de aseguradoras extranjeras que perjudiquen los derechos de los consumidores.
- Otras medidas: Se simplifican las obligaciones de información, se mejora la supervisión de grupos aseguradores y se refuerzan los requisitos de idoneidad y conducta de los altos directivos del sector.
Con esta transposición, el Gobierno busca fortalecer la solvencia del sector asegurador, aumentar la protección del consumidor y favorecer la inversión sostenible, avanzando en la modernización del marco regulatorio y en la estabilidad del sistema financiero español.