Los plazos de pago en España se mantienen estables respecto al año anterior, pero siguen lejos de los objetivos marcados por la normativa europea y nacional para reducir la morosidad. Según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, un 78% de las empresas se ve obligada a aceptar plazos de cobro superiores a los deseados en sus operaciones B2B para conservar su cartera de clientes.
El informe alerta de que un 47% de las compañías continúa cobrando por encima de los 60 días, lo que provoca tensiones de liquidez en un contexto en el que el período medio de pago sigue siendo un indicador esencial de salud financiera. Además, un 7% del tejido productivo trabaja con plazos superiores a los 90 días, mientras que apenas el 53% opera dentro del límite de 60 días promovido por la Ley 15/2010 contra la morosidad. Solo un 11% ha conseguido situarse por debajo de los 30 días, el objetivo marcado por la Comisión Europea.
Diferencias por tamaño empresarial
El estudio, basado en encuestas a cerca de 800 gestores de empresas de todos los sectores, muestra importantes diferencias según el tamaño de la organización.
La capacidad para alargar los plazos de pago apenas alcanza el 11% entre los autónomos, pero sube al 39% en las pymes y se eleva al 52% en la gran empresa.
Durante las oleadas de la pandemia en 2020 y 2021, las pymes tendieron a imponer plazos más extensos para trasladar sus tensiones de tesorería a la cadena de valor, mientras que las grandes compañías mostraron entonces una estrategia más protectora hacia sus proveedores. Los datos de 2025 reflejan un retorno a los comportamientos históricos previos a este periodo.
El sector público, también parte del problema de los largos plazos de cobro
Aunque en menor medida que el sector privado, las Administraciones Públicas siguen contribuyendo a la extensión de los plazos de pago. El 48% de las empresas proveedoras del sector público declara tener que aceptar plazos superiores a los deseados, tres puntos más que en 2024.
El peor comportamiento se registra en las Administraciones locales, que afectan al 38% de sus proveedores. La tasa se reduce al 18% en las Administraciones autonómicas y al 9% en las estatales, en paralelo a la menor complejidad competencial de estas últimas.
Aumentan los retrasos intencionados
Aunque la percepción de problemas financieros entre los clientes baja cinco puntos —del 61% al 56%—, los retrasos intencionados vuelven a crecer y afectan ya al 57% de las empresas, dos puntos por encima de los niveles de 2024.
Entre las causas adicionales de retrasos destacan la complejidad del procedimiento de pagos (18%), la emisión de facturas incorrectas (9%) y las disputas sobre la calidad o conformidad de los bienes y servicios suministrados (7%).