ASPE expresa su profunda preocupación y su rechazo ante la aprobación de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad.
La norma, lejos de contribuir a reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS), limita de forma injustificada la capacidad de gestión de las comunidades autónomas y pone en riesgo la colaboración entre los distintos actores sanitarios que, durante décadas, han contribuido conjuntamente a sostener la asistencia sanitaria en España.
Planteamiento ideológico de la ley
ASPE considera que esta ley nace de un planteamiento ideológico y no de un análisis riguroso de las necesidades reales de los pacientes y de los desafíos que afronta actualmente el sistema sanitario. En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el incremento de la cronicidad, la falta de profesionales sanitarios y unas listas de espera que alcanzan cifras históricas, resulta incomprensible que el Gobierno opte por restringir instrumentos de colaboración que han demostrado su eficacia y utilidad para garantizar la atención sanitaria de millones de ciudadanos.
La sanidad privada forma parte de la realidad asistencial española
Más de 12 millones de personas cuentan con un seguro sanitario privado y el sector representa una parte esencial de la capacidad diagnóstica, hospitalaria y tecnológica del país. Además, la colaboración público-privada ha permitido durante años aliviar la presión asistencial sobre el sistema público, reducir tiempos de espera y acercar recursos sanitarios a territorios y pacientes que, de otro modo, habrían visto limitada su atención.
La experiencia acumulada durante más de tres décadas demuestra que los distintos modelos de colaboración amparados por el ordenamiento jurídico español han contribuido a mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la capacidad de respuesta asistencial del sistema. Por ello, ASPE considera un error plantear la sanidad desde posiciones que enfrentan artificialmente a lo público y a lo privado, cuando ambos ámbitos llevan años trabajando de manera complementaria al servicio de los ciudadanos.
Limitaciones a la gestión de las CCAA
La aprobación de esta norma supone, además, una limitación de la autonomía de gestión de las comunidades autónomas, responsables directas de la organización sanitaria en sus respectivos territorios. Son los gobiernos autonómicos quienes conocen las necesidades concretas de su población y quienes deben disponer de todas las herramientas posibles para garantizar una asistencia sanitaria eficaz, accesible y sostenible. Reducir de forma arbitraria las opciones de gestión no fortalece el sistema; al contrario, lo hace más rígido y menos capaz de adaptarse a los retos actuales y futuros.
ASPE considera especialmente preocupante que se traslade a la sociedad un discurso que cuestiona la legitimidad del sector sanitario privado y su aportación al sistema sanitario español. La calidad asistencial, la seguridad del paciente y la integridad del sistema no dependen de la naturaleza jurídica del gestor sanitario, sino del compromiso de los profesionales, de la inversión en tecnología, de la capacidad organizativa y de la orientación permanente hacia el paciente.
José Manuel Baltar, presidente de ASPE
“La sanidad debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes porque, al sumar esfuerzos, se multiplican los resultados”. La colaboración entre el sector público y el privado ha demostrado ser especialmente relevante en ámbitos como el diagnóstico por imagen, la cirugía programada, la atención sociosanitaria, la oncología o la alta tecnología sanitaria. “En numerosas ocasiones, esta cooperación ha permitido evitar el colapso asistencial y ofrecer respuestas ágiles en situaciones de máxima presión, como quedó patente durante la pandemia y en otros momentos de elevada demanda asistencial”, reitera el presidente.
ASPE recuerda que el verdadero debate que necesita la sanidad española es cómo garantizar la sostenibilidad futura del sistema sanitario y cómo ofrecer una atención más rápida, accesible y de mayor calidad a los pacientes. La realidad demográfica, económica y asistencial obliga a abandonar posiciones maximalistas y apostar por soluciones pragmáticas basadas en la cooperación, la complementariedad y el aprovechamiento eficiente de todos los recursos disponibles.
ASPE reitera su disposición permanente al diálogo institucional y a la búsqueda de acuerdos que permitan fortalecer el SNS
Desde la colaboración y el consenso. “La sanidad española necesita estabilidad, planificación y visión de futuro. Necesita aprovechar todo el talento profesional, toda la capacidad asistencial y toda la infraestructura sanitaria disponible, con independencia de su titularidad”, añade Baltar.
La salud de los ciudadanos debe situarse siempre por encima de cualquier planteamiento ideológico.
ASPE hace un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que reconsideren el enfoque de esta ley y abran un proceso de diálogo real con todos los agentes implicados en el sistema sanitario. Porque cuando la sanidad pública y la sanidad privada colaboran, no compiten entre sí: suman capacidades, comparten esfuerzos y ofrecen mejores resultados en salud para los ciudadanos.