El foro de expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA ha reclamado una mayor transparencia y rigor técnico para analizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y favorecer un debate informado sobre su futuro. El órgano de reflexión del Grupo Santalucía considera imprescindible disponer de información completa, comparable e independiente sobre la situación financiera de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas.
La petición llega tras la reciente presentación por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo entre 2020 y 2025 y del primer estudio elaborado con el Modelo Integrado de Proyección del Gasto en Pensiones a largo plazo (INTegraSS).
El envejecimiento aumenta la presión sobre el sistema
Según el informe Un perfil de las personas mayores en España, 2025, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una de cada cinco personas en España tiene ya 65 años o más, lo que equivale a cerca de diez millones de ciudadanos.
Ante esta evolución demográfica, el foro de expertos considera necesario garantizar la suficiencia económica de las pensiones sin comprometer la viabilidad financiera del sistema ni la equidad entre generaciones.
En este sentido, el INSTITUTO SANTALUCÍA subraya la importancia de conocer con precisión qué parte del gasto se financia mediante cotizaciones sociales y qué parte depende de las transferencias del Estado y del endeudamiento público.
«Para tomar decisiones responsables en materia de pensiones es imprescindible conocer con precisión la situación financiera real del sistema, los recursos que requiere cada año y su evolución esperada», afirmó José Manuel Jiménez, director del INSTITUTO SANTALUCÍA.
El gasto en pensiones superó los 218.000 millones en 2025
El último informe publicado por la entidad, Las cuentas del sistema público de pensiones en el periodo 2018-2025. Sistema de Seguridad Social y Régimen de Clases Pasivas, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea, cifra el gasto público en pensiones en 218.321 millones de euros durante 2025.
El estudio concluye que el gasto mantiene una tendencia creciente tanto en términos absolutos como en relación con el PIB. Desde el año 2000, el peso de las pensiones sobre la economía española ha aumentado 3,9 puntos porcentuales, mientras que entre 2018 y 2025 el incremento ha sido de 0,9 puntos.
Además, el informe destaca que, pese al aumento del empleo y a la incorporación de 2,8 millones de afiliados más desde 2018, el sistema contributivo ha necesitado casi duplicar los recursos procedentes de impuestos y deuda pública.
INTegraSS, un avance que requiere supervisión independiente
El foro de expertos valora positivamente la puesta en marcha del modelo INTegraSS, diseñado por el Ministerio para proyectar el gasto futuro en pensiones, aunque considera necesario someter sus hipótesis y resultados a una evaluación técnica independiente.
En este sentido, propone que el análisis incorpore la participación de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Europea, la Seguridad Social y la comunidad académica.
Los expertos recuerdan, además, que el cumplimiento de la cláusula de cierre introducida por el Real Decreto-ley 2/2023 no garantiza por sí mismo la sostenibilidad del sistema. Aunque la AIReF ha avalado el cumplimiento de esta regla en dos ocasiones, también ha advertido de que ofrece una visión parcial y compatible con un aumento de la deuda pública.
El debate sobre las pensiones, en el centro
El INSTITUTO SANTALUCÍA insiste en que la transparencia debe ocupar un lugar central en el debate sobre las pensiones públicas y considera fundamental que los ciudadanos conozcan la situación financiera real del sistema y las necesidades de financiación previstas para los próximos años.
Asimismo, el foro llama a abrir un debate técnico y social sobre el modelo de protección social que España quiere mantener en las próximas décadas y sobre los recursos necesarios para garantizar su sostenibilidad.