Los hogares con personas en situación de dependencia disponen de un patrimonio neto medio de 203.000 euros, frente a los 229.000 euros de los hogares sin dependencia. La pérdida de autonomía también modifica la estructura del ahorro y reduce progresivamente los activos financieros más líquidos.
La aparición de una situación de dependencia no solo modifica la organización de los cuidados dentro de una familia. También tiene un impacto sobre su salud financiera. Así lo recoge el estudio ‘El impacto de la dependencia en la salud financiera de los hogares’, elaborado por Afi para Fundación Caser, que analiza la evolución de la renta, el ahorro y el patrimonio de los hogares cuando una persona mayor de 65 años entra en situación de dependencia.
Según sus resultados, en 2023 los hogares con personas dependientes contaban con un patrimonio neto medio de 203.000 euros, frente a los 229.000 euros de los hogares sin dependencia. La diferencia es de alrededor del 12% y se mantiene, en unos 28.000 euros, cuando se comparan hogares con características similares en términos de edad, composición, territorio y otras variables.
Las cuentas y depósitos son los primeros activos que se reducen
El estudio identifica una evolución gradual del impacto de la dependencia sobre las finanzas familiares. Los hogares recurren inicialmente a los recursos más líquidos para afrontar las nuevas necesidades de cuidado.
Así, las cuentas y depósitos registran una reducción media del 11,3%, un efecto que comienza a apreciarse a partir del segundo año. Posteriormente, la reducción se extiende a otros instrumentos de ahorro e inversión.
El patrimonio financiero disminuye un 8,4% de media, incluyendo fondos de inversión, bonos, valores negociados, seguros de ahorro y planes de pensiones. Por su parte, el patrimonio bruto registra una caída media del 4,8%.
El análisis también detecta una reducción del 9,6% en el patrimonio inmobiliario, aunque Fundación Caser señala que este dato debe interpretarse con cautela, ya que la vivienda suele movilizarse más tarde y de forma diferente según las circunstancias de cada hogar.
Una estructura patrimonial menos diversificada
La diferencia no se encuentra únicamente en el volumen de patrimonio acumulado, sino también en su composición. Casi el 80% del patrimonio bruto de los hogares con personas dependientes se concentra en vivienda y depósitos, frente a aproximadamente el 71% en los hogares sin dependencia.
Esta mayor concentración en activos inmobiliarios y depósitos implica una menor presencia relativa de otros activos financieros capaces de generar rentas o proporcionar liquidez de manera gradual.
En concreto, fondos de inversión, valores negociados, seguros de ahorro, deuda y bonos representan el 16,5% del patrimonio bruto de los hogares con dependencia, frente al 23,8% en los hogares sin ella. La diferencia equivale a unos 35.000 euros de media.
El patrimonio crece, pero persisten las diferencias
El informe introduce además un matiz sobre la evolución temporal. Entre 2016 y 2023, el patrimonio de los hogares con personas en situación de dependencia creció a mayor ritmo que el de otros hogares, reduciendo parcialmente la brecha.
Sin embargo, este acercamiento se produjo principalmente por la evolución de la vivienda y los depósitos, mientras que las diferencias en los activos financieros más diversificados se mantienen.
Para Juan Sitges, director de Fundación Caser, la dependencia obliga a las familias a afrontar gastos que pueden prolongarse durante años y, por ello, resulta relevante anticipar las necesidades financieras asociadas al cuidado. “Cuando aparece una situación de dependencia, las familias no solo reorganizan los cuidados. También necesitan movilizar ahorro y patrimonio para responder a gastos que pueden mantenerse durante años”, señala Sitges.
El director de Fundación Caser destaca la necesidad de combinar la protección pública, los servicios profesionales y las soluciones de previsión, siempre respetando la autonomía de cada persona.
Un análisis basado en más de un millón de hogares
La investigación se apoya principalmente en los microdatos del Panel de Hogares, con información correspondiente al periodo 2016-2023. En el último año analizado, la base reunía datos de 1,19 millones de hogares y 3,55 millones de personas.
Afi utiliza un modelo dinámico de diferencias en diferencias para comparar la evolución de personas que comienzan a percibir una prestación económica por dependencia con la de otras personas con características similares que no experimentan esa transición.
El estudio advierte de algunas limitaciones metodológicas. El análisis identifica a quienes reciben prestaciones económicas, pero no incluye a las personas que reciben exclusivamente servicios ni a quienes se encuentran en una situación de dependencia que todavía no ha sido reconocida por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Además, el inicio de la prestación económica se utiliza como referencia, aunque no necesariamente coincide con el momento exacto en el que aparece la necesidad real de cuidados. Por ello, los autores apuntan que el impacto estimado podría ser inferior al efecto efectivo sobre las finanzas familiares.
Aun con estas cautelas, el conjunto de los resultados apunta a una erosión progresiva del patrimonio, que comienza por los activos más líquidos y puede extenderse posteriormente al resto del ahorro y del patrimonio familiar.