Vivienda, hijos, patrimonio, gastos y acuerdos entre los cónyuges son las cinco cuestiones que los expertos legales de onLygal recomiendan analizar antes de tomar decisiones durante una separación o divorcio.
La vuelta a la rutina tras las vacaciones puede llevar a algunas parejas a replantearse su relación. En este contexto, onLygal pone el foco en las consecuencias legales y económicas que pueden derivarse de una separación o divorcio y recomienda contar con asesoramiento jurídico antes de adoptar decisiones que puedan tener efectos a largo plazo.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) citados por la compañía, en 2025 se registraron en España más de 84.400 demandas de disolución matrimonial, entre separaciones, divorcios y nulidades. Los meses de septiembre y octubre concentraron hasta el 30% del total.
Por su parte, el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal señala que el 25% de las personas separadas o divorciadas tuvo dudas legales relacionadas con su ruptura durante los últimos dos años.
El 78% querría contar con un abogado de confianza
La necesidad de asesoramiento jurídico también aparece en las respuestas de los encuestados. El 50,3% llamó o contrató a un abogado para resolver sus dudas relacionadas con la ruptura, mientras que el 12,9% no hizo nada, el 8,3% consultó a familiares o amigos y el 7,7% buscó información en Internet o en páginas especializadas.
Además, el 78% de las personas separadas o divorciadas afirma que le gustaría disponer de un abogado de confianza al que recurrir cuando lo necesitara, nueve puntos por encima del conjunto de la población, situado en el 69%.
La vía consensuada también tiene un peso relevante. Entre quienes resolvieron sus dudas legales, el 32,5% alcanzó un acuerdo amistoso y el 14,1% recurrió a un procedimiento de mediación, frente al 20,8% que inició acciones legales.
“El asesoramiento legal no debería comenzar cuando el conflicto ya ha llegado a los tribunales. Una consulta previa permite conocer las opciones disponibles, anticipar las consecuencias de cada decisión y explorar soluciones consensuadas cuando sea posible”, explica Natàlia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal.
Las cinco cuestiones legales que conviene revisar
Los expertos de onLygal identifican cinco ámbitos que deberían analizarse antes de tomar decisiones o modificar unilateralmente la situación familiar.
1. La vivienda familiar. Es necesario determinar quién podrá utilizarla, qué ocurre si ambos cónyuges son propietarios y cómo se afrontarán la hipoteca y los gastos asociados. La adjudicación de la vivienda a uno de ellos no libera automáticamente al otro de la deuda hipotecaria: cualquier modificación de los deudores debe contar con la aceptación expresa de la entidad financiera.
2. Los hijos. Cuando existen menores, deben abordarse cuestiones como la custodia, la convivencia, las visitas, las vacaciones, el colegio y los gastos, siempre atendiendo a las circunstancias concretas de cada familia y al interés de los menores.
3. El patrimonio y las deudas. Es importante identificar inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, préstamos, inversiones o participaciones empresariales, así como comprobar su titularidad y el régimen económico del matrimonio.
4. Los gastos familiares. Dejar de asumir determinados pagos o cambiar unilateralmente la forma de atenderlos durante la separación puede generar nuevos conflictos y reclamaciones.
5. Los acuerdos entre los cónyuges. Un pacto puede evitar un procedimiento contencioso, pero debe revisarse jurídicamente antes de firmarlo para conocer sus efectos y comprobar que responde a la situación concreta de la familia.
Las decisiones pueden tener efectos después del divorcio
Desde onLygal recuerdan que la sentencia o el convenio regulador no necesariamente ponen fin a todas las cuestiones jurídicas derivadas de una ruptura.
Las circunstancias familiares o económicas pueden cambiar posteriormente y provocar la necesidad de modificar medidas relativas a la custodia, la pensión de alimentos, el régimen de visitas o el uso de la vivienda familiar.
Los datos del CGPJ citados por la compañía reflejan que en 2025 se presentaron 13.591 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4,2% más que el año anterior.
“Cada separación o divorcio es diferente. No es lo mismo una pareja sin hijos que una familia con menores, ni una situación sin patrimonio compartido que otra con inmuebles, empresas o deudas. Aplicar soluciones genéricas puede dejar problemas sin resolver; cada caso exige un análisis individual”, apunta Natàlia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal.
La compañía recomienda, por tanto, abordar la ruptura desde una perspectiva global y valorar conjuntamente sus consecuencias familiares, patrimoniales y económicas, tanto las inmediatas como las que puedan surgir a medio y largo plazo.