Los técnicos destacan la necesidad de que se lleve a cabo una reforma fiscal integral

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la ampliación para el próximo año de la no obligatoriedad de declarar el IRPF para quienes ingresen entre 12.000 y 14.000 euros (medida acordada por el Gobierno y Ciudadanos para aprobar el techo de gasto) podrá beneficiar a cerca de un millón de contribuyentes. Éstos podrán ahorrarse unos 800 euros de media -aunque un porcentaje de ellos seguirá soportando la carga del impuesto, como ocurre actualmente con más de un millón de perceptores de ingresos inferiores a 12.000 euros-. El coste de esta medida superará los 750 millones de euros.

Al coste del acuerdo se tendrán que añadir otros 830 millones de los que se beneficiarán 750.000 personas con cónyuge con discapacidad a cargo, ascendiente anciano a cargo y deducción adicional al cuarto hijo, que podrían obtener un descuento de 1.200 euros de media. Otros 1,6 millones de declarantes de entre 14.000 y 17.000 euros obtendrán un ahorro medio de 250 euros, que implicará un coste de 420 millones, si el coste total de la rebaja es de 2.000 millones tal como se anuncia. De todas maneras el Ministerio de Hacienda aún no ha concretado cómo va a afectar la rebaja impositiva a estos declarantes.

No obstante, los técnicos avisan de que una bajada del IRPF para el próximo año puede aumentar el riesgo de que España incumpla de nuevo con el objetivo de déficit público, que es del 2,2% del PIB para 2018. El riesgo de estas rebajas tiene dos precedentes, pues los técnicos recuerdan que el descenso del IRPF, que se acordó distribuir en dos años y finalmente se adelantó a julio de 2015, disparó el déficit al 5,1% del PIB, incumpliendo así con el 4,2% acordado con Bruselas. Aunque finalmente España no fue sancionada por las autoridades europeas, sí que adoptó a cambio una nueva y más estricta senda de reducción de déficit, por lo que otra bajada del IRPF podría volver a poner al país “en una delicada situación”.

Igualmente, en 2016 el Gobierno tuvo que recuperar a finales de septiembre el pago a cuenta mínimo del Impuesto de Sociedades, ante el desplome recaudatorio que se produjo con su eliminación en enero de ese año. Una medida tomada in extremis y de urgencia para recuperar una pérdida recaudatoria de 8.000 millones y poder cuadrar las cuentas públicas.

Además, otro problema añadido es la elevada deuda pública que soporta España, que era del 98,98% del PIB a finales de 2016. Por ello, los técnicos consideran que lo prioritario debería ser recuperar las políticas de bienestar recortadas desde 2010 y a continuación reducir esa deuda antes que bajar los impuestos. Más si cabe en una situación de crecimiento económico –el Gobierno espera que el PIB aumente este año un 3%-, ya que las bajadas impositivas constituyen una política anticíclica propia de situaciones de recesión con el objetivo de fomentar el consumo.

Por otro lado, los expertos señalan que tampoco es conveniente reducir el IRPF en un momento en que las comunidades autónomas y entidades locales están pidiendo más financiación, ya que les cortaría una línea recaudatoria muy importante.

Por lo tanto, para Gestha esta medida “es una nueva improvisación de la política fiscal del Gobierno, que se va moviendo según las situaciones o sus propios intereses. En este caso, se ha pactado a cambio de un techo de gasto, como si la política fiscal fuera una moneda de cambio política cuando es el principal instrumento para garantizar la sostenibilidad del gasto del Estado”.

En este contexto, Gestha reitera la necesidad de que se lleve a cabo una reforma fiscal integral que dé estabilidad a las bases del sistema tributario español. En un momento de crecimiento económico es “necesario reforzar la política fiscal para que el país esté preparado ante futuras crisis económicas y momentos de caída de la recaudación”.

Por ello, Gestha considera que necesario un debate de los partidos políticos, patronales, organizaciones sociales y ciudadanos que defina el modelo de país que queremos, y a continuación, se aborde una reforma fiscal que mejore los principios esenciales del artículo 31 de la Constitución para que el sistema tributario aporte recursos suficientes para el gasto público y sea más progresivo, igualitario, equitativo y, sobre todo, justo.