Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España y presidente de la Fundación AXA, ha inaugurado la XXIX Jornada de Vida, Pensiones y Previsión Social Complementaria, organizada por esta fundación y El Nuevo Lunes. Rignault considera que “tenemos que volver a colocar las pensiones en la agenda política, porque ha desaparecido de ella. En los últimos tiempos, España se está enfrentando a muchos desafíos, pero el de las pensiones no es menor”.

En la mesa inaugural, dedicada a las propuestas del sector para hacer frente a los restos a los que se enfrente el sistema público de pensiones, también intervinieron José Antonio de Paz Carbajo, subdirector general de seguros y fondos de pensiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, y Luis Miguel Ávalos, director del área de seguros personales de Unespa.

De Paz Carbajo ha repasado los proyectos en que está embarcado el Ejecutivo en materia de pensiones, como la trasposición de la directiva 2014/50/UE y la 2016/2341, así como la modificación del reglamento de planes y fondos de pensiones, en los que se esperan avances en las próximas semanas.

Por su parte, Martínez-Aldama señaló que España es uno de los países “con la contributividad más baja, en el que, para cobrar el máximo de pensión, se tiene que cotizar 38,5 años”. Además advirtió de la grave situación a la que nos enfrentamos: “Se estima que en 2030 la tasa de sustitución -porcentaje de la pensión pública respecto del último salario- pasará del actual 80% al 60%”.

El presidente de Inverco también lamentó el retraso “de seis años” que lleva el Gobierno en cumplir con rigor con la Ley 27/2011 y la necesidad que establecía de informar a los ciudadanos de su pensión futura, el conocido como Sobre Naranja. “La seguridad social ha desarrollado un simulador de pensiones que no se adecúa a la realidad, con lo que tenemos una ilusión monetaria de las prestaciones futuras”, señaló Martínez-Aldama, con lo que es muy difícil hacerse una idea de la grave situación del sistema.

Finalmente defendió un tránsito hacia un sistema de cuentas nominales y advirtió de la necesidad de “acotar los límites a la liquidez”. Cree que de lo contrario “nos expondremos a que nos ocurra lo mismo que en Reino Unido”, donde la ausencia de límites a la hora de capitalizar las prestaciones ha conllevado a un traspaso de dinero del ahorro al ladrillo.

En este mismo sentido también se pronunció Ávalos, al hablar de “la importancia de desacumular el ahorro de forma adecuada, en forma de renta vitalicia y no capitalizada” y de aumentar los supuestos de disposición anticipada. Desde Unespa consideran que “ha llegado la hora de que la Comisión del Pacto de Toledo empiece a concretar propuestas para aliviar la situación de las pensiones”.

Ávalos también puso el foco en la necesidad de mitigar el efecto que va a tener el hecho de que España vaya a ser en 2060 el país con la mayor reducción en su tasa de sustitución. Entre sus propuestas caben destacar los “sistemas de adscripción obligatoria por parte de trabajadores y empresas”, y un mayor incentivo fiscal para los casos de rescates en forma de rentas, porque “en la actualidad no existe ninguno”.

Jesús Carmona, director de vida, salud y accidentes de AXA, dio paso después a la ponencia de José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), quien señaló la necesidad de replantearse la edad de jubilación: “Los 65 como límite a la edad laboral se estableció hace más de 130 años, cuando la esperanza de vida era de poco más de 40”. Además, negó la existencia de un dilema entre sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones, y planteó la necesidad de repensar las coberturas.

En este sentido, considera que las pensiones de viudedad, por ejemplo, “no deberían ir contra los Presupuestos Generales del Estado, porque necesitamos margen para financiar la nueva contingencia del siglo XXI: la dependencia”. Aboga no por su eliminación, pero sí por la apertura a nuevas fórmulas de compensación para algunos colectivos afectados. Herce cree que “no podemos pedirle a la seguridad social lo que ya no puede hacer por nosotros; sin embargo sí debemos plantearnos qué podemos hacer nosotros por ella”.

Finalmente también se refirió a la fiscalidad para afirmar que “me conformaría con que la complementariedad a los sistemas públicos de pensiones tuviera el mismo tratamiento fiscal que las aportaciones a la seguridad social”.

La jornada concluyó con una mesa redonda moderada por Luis Sáez de Jáuregui, director de distribución y ventas de AXA España, y en la que participaron los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo; Carles Campuzano i Canadés, Grupo Mixto; Marcial Gómez Balsera, de Ciudadanos; Aina Vidal Sáez, de Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y Maria Mercè Perea i Conillas, del Partido Socialista.

Carles Campuzano lamentó que las reformas que se han acometido en los últimos años “no hayan ido acompañadas de medidas que permitan a los trabajadores tener un ahorro complementario, y medidas de empleo para retener dentro del mercado laboral a las personas de mayor edad”.

Desde las filas de Ciudadanos, Gómez afirmó que “aunque la recuperación económica todavía no se ha apreciado en la calle, acabará haciéndolo”, lo que tendrá un reflejo positivo en las pensiones. Por eso “no tiene sentido moverse en escenarios catastrofistas”. A ello, en su opinión contribuirá el hecho de que “la tensión generada por el baby-boom pasará y la destrucción de empleo será compensada con la creación de nuevas profesiones y puestos de trabajo”.

Por su parte, Aina Vidal considera que “los déficits estructurales del sistema se deben a políticas erróneas en el mercado laboral que han llevado aparejadas una reducción de los ingresos de la seguridad social”. A eso habrían contribuido “el mal uso de los recursos del sistema en forma de vacaciones fiscales o tarifas planas” y “la negativa a buscar fuentes alternativas de financiación para los ingresos”.

Desde la Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea consideran que “lo que está en juego no es el sistema en sí, sino la suficiencia, si será útil y el tipo de cobertura de que nos dotaremos”.

Finalmente, para los socialistas “el Partido Popular dinamitó el consenso del Pacto de Toledo”, afirmó Maria Mercè Perea. Desde su formación política consideran vital que el Gobierno “se comprometa a mantener el poder de compra de los pensionistas”. Perea i Conillas afirmó que “más allá de los consensos, el Ejecutivo tiene que dar respuesta a las situaciones que se van dando”.