Así lo revela el primer informe del observatorio de pensiones de Willis Towers Watson y la Universidad de Extremadura
Este Observatorio del sistema de pensiones liderado por Willis Towers Watson y la Universidad de Extremadura en colaboración con la Universidad de Valencia, elaborará informes divulgativos con carácter semestral que analizarán los temas de actualidad y de debate social relativos al sistema público de previsión social, el Fondo de Reserva de las pensiones o los hábitos de ahorro de los españoles.
Este primer informe pone el foco en la decisión del Estado de vincular de nuevo la revalorización anual de las pensiones públicas al Índice de Precios de Consumo (IPC) previsto para este año en el 1,6%, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que, junto a otras mejoras, tendrá un coste adicional para las arcas públicas de 2.097 millones de euros este año.
Así lo revela el informe “Estimación del gasto adicional en pensiones según la regla de revalorización de los Presupuestos Generales del Estado 2018” del Observatorio sobre el sistema de pensiones creado por Willis Towers Watson y la Universidad de Extremadura en base al presupuesto liquidado provisional de la Seguridad Social del año 2017 y la última Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), correspondiente al ejercicio 2016.
Un sobrecoste respecto a la estrategia anterior, de aplicar a todas las pensiones el tope mínimo del 0,25% del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que se desglosa en un aumento del gasto de 1.733 millones de euros por el pago de las pensiones contributivas, incluida la mejora de las pensiones de viudedad para los mayores de 65 años que no tengan otra fuente de ingresos, en un 7,7% (debido al aumento del porcentaje de la prestación del 52% al 56% de la Base Reguladora) que entrará en vigor el próximo mes de agosto. Y en otros 364 millones correspondientes al incremento de las pensiones mínimas hasta el 3%.
El informe económico financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 contempla un aumento del gasto en pensiones contributivas del 3,6% respecto al año pasado, lo que supone una dotación extra de 4.403 millones de euros.
Además, por primera vez, contempla una nueva transferencia corriente del Estado a la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario de 1.334 millones de euros. Sin embargo, no especifica el coste adicional de esta revalorización respecto a la aplicación del IRP vigente desde el año 2014. Un incremento que el informe elaborado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson y el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social estima también mediante el Valor Actual Actuarial (VAA).
Este indicador tiene en cuenta el efecto de la mayor revalorización de las prestaciones a lo largo del ciclo de vida de los pensionistas y no solo de un momento puntual. El Valor Actual Actuarial resulta más representativo que tener en cuenta únicamente el efecto puntual sobre la caja de la Seguridad Social.
El gasto adicional en pensiones, por la subida con el IPC del 1,6% previsto para 2018 y 2019, en Valor Actual Actuarial asciende a 39.409 millones de euros, lo que representa un 34% del gasto total en pensiones durante el año 2017. Esta cantidad está expresada en términos comparables en 2018 y se puede interpretar como la cuantía única que habría que depositar para hacer frente a la revalorización adicional de 1,35 puntos porcentuales sobre la aplicación del tope mínimo del 0,25% del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) durante toda la vida esperada de los actuales pensionistas.
Por ello, el informe del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson y la Universidad de Extremadura concluye que el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) debería seguir vigente para intentar conseguir la sostenibilidad del sistema de pensiones, para alejar al sistema de decisiones políticas que van encaminadas a objetivos poco claros, pero con una evidente tendencia a aumentar el gasto en pensiones sin conseguir a cambio un aumento de los ingresos.
Finalmente, concluye que el Factor de Sostenibilidad, cuya entrada en vigor prevista para el próximo 1 de enero, se retrasó hasta el año 2023 en virtud del acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2018 entre el anterior Gobierno del Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, debería implantarse lo antes posible para corregir la pérdida de equidad que implica su no aplicación en el plazo previsto.
Gregorio Gil de Rozas, responsable de Pensiones de Willis Towers Watson, señala que “llevamos 7 años con déficit en la Seguridad Social y la única medida relevante que se ha tomado es incrementar el nivel de gasto, medida que consideramos no está bien orientada. El coste adicional de más de 39.400 millones de euros lo pagarán las nuevas generaciones, ¿realmente lo saben? Necesitamos políticos, en el gobierno y en la oposición, que trabajen en la implantación de medidas y aboguen por los intereses de la sociedad”. La consecuencia de incrementar las pensiones, olvidando el IRP, es un sobrecoste de 2.097 euros en 2018, que será aún mayor en 2019 por el efecto acumulativo de la revalorización.
Inmaculada Domínguez Fabián, profesora de la Universidad de Extremadura, apunta que “un sistema de pensiones sostenible y equitativo no puede olvidarse del IRP ni del Factor de Sostenibilidad”.