El Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas de Unespa ha vuelto a advertir del peligro que supone a largo plazo el déficit financiero provocado por el envejecimiento de la población. El grupo de expertos señala que este déficit no se corregiría con la recuperación de la economía española, ni con la aplicación de más reformas paramétricas como las realizadas hasta el momento. Según publica hoy el BDS de Inese, este grupo de expertos considera que la Seguridad Social precisa un cambio profundo en la determinación de la pensión contributiva, y que, respetando los principios de suficiencia, contributividad y equidad, proporcione un continuo equilibrio financiero.
Estas conclusiones se reflejan en un documento elaborado por Rafael Doménech, José Luis Leal, José María Fidalgo, Felipe Serrano, Víctor Pérez Díaz y Juan Manuel Eguiagaray, que se entregará al Gobierno, a los partidos políticos, a sindicatos y otras asociaciones.
Entre los planteamientos del informe se defiende que se sustituyan los mecanismos de prestación definida actuales por un mecanismo de aportación definida. De esta manera, en el momento de la jubilación, anticipada o no, la pensión de cada cotizante es la suma de todas sus aportaciones a lo largo de su carrera (debidamente actualizadas) dividida por el número de años que se espera que viva una vez retirado; este número de años se determina para todo el colectivo de su generación.
Certidumbre en la prestación esperada
Con el sistema que propone el grupo de expertos de Unespa, las cotizaciones de cada trabajador se anotan en una cuenta virtual o nocional, cuyo monto expresa el valor de los derechos que va acumulando. Esa fórmula proporciona certidumbre a la prestación esperada, pese a conocer solo la aportación, señalan. En el mecanismo actual, a juicio de los expertos, pese a conocer supuestamente la prestación, puede ser modificada legalmente por cambios bruscos en los parámetros que la determinan, como ha pasado cada ocho años desde 1980.
Se argumenta, además, que con esta fórmula no hay barreras de entrada en el modelo contributivo y no hay límites de años. Además, este mecanismo es equitativo entre generaciones, porque evita trasladar al futuro el coste de los excesivos compromisos actualmente garantizados por la norma y el de las reformas no hechas en su momento.