La entrada en vigor en octubre de la Prioridad 3 establecida por la Ley de Responsabilidad Medioambiental ha colocado en primera línea un riesgo que “no es nuevo” y que “cada vez se ve con mayor frecuencia y con mayor interés por parte de las empresas”, según comentó José Luis Lorenzo, director de Responsabilidad Medioambiental de AIG Iberia, a 150 mediadores en un webinar organizado por el Club del Mediador de la aseguradora.

En el seminario digital se explicó a los asistentes cómo transferir los riesgos medioambientales derivados de una legislación cada vez más exigente y que generan siniestros de poca frecuencia pero gran severidad, así como la forma de suscribir la Garantía Financiera que se exige a las empresas afectadas por la entrada en vigor de la Prioridad 3 y antes por las prioridades 1 y 2. En el evento participaron, además de José Luis Lorenzo, Francisco Javier Pallero, suscriptor senior del departamento, y Alejandra Redondo, responsable de grandes siniestros de Responsabilidad Civil y Responsabilidad Medioambiental de la aseguradora en España.

Las 3 ventajas que expone AIG

Los tres ponentes detallaron los principales argumentos por los que la contratación de un seguro específico es la forma más eficaz de transferir los riesgos derivados de un incidente en el que se dañe al medio ambiente. Son estos:

1. Los riesgos medioambientales en muchos casos no van estar totalmente cubiertos por las pólizas de seguro tradicionales, como las de Responsabilidad Civil General, que excluyen siniestros de contaminación gradual, gastos de prevención, o costes de limpieza dentro de las instalaciones propias, entre otros. O las pólizas de D&O, que cuentan con garantías para la defensa de los directivos, pero no suelen cubrir los gastos de defensa de la entidad ni de la pieza de Responsabilidad Civil en los procedimientos penales. Por este motivo, “es bueno contar con un buen programa de seguros que permita un buen encaje de todas las coberturas y, asimismo, dar respuesta a las necesidades de cada asegurado”, advirtió Alejandra Redondo.
2. Las reclamaciones por siniestros medioambientales son cada vez más cuantiosas. El importe medio de las mismas, según algunos informes que citaron, se situaría en 2,3 millones de dólares. Una cantidad, que, desde un punto de vista financiero, resulta difícil y cara de asumir por el fondo técnico o por un aval bancario, que son las otras dos opciones con las que permite la Administración cubrir la Garantía Financiera. “El seguro es la única que supone una transferencia real del riesgo, pocas empresas tienen la posibilidad de tener el dinero consignado en un fondo técnico y, en el caso del aval, el coste de su constitución y mantenimiento, en muchos casos, es superior al de una póliza”, explicó Pallero.
3. La legislación ambiental es cada vez más estricta y obliga a las empresas en general y que desarrollen cualquier actividad, al menos, a prevenir y evitar los daños medioambientales, “incluso a remediarlos cuando haya dolo o negligencia”, apuntó Lorenzo-. Y a las incluidas dentro de las Prioridades 1, 2 y 3 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental también se les exige reparar.

Para dar respuesta a las necesidades de las empresas, tanto multinacionales como pymes, José Luis Lorenzo destacó que AIG es una de las pocas compañías que lleva 35 años ofreciendo este tipo de productos, 20 en España, y su carácter multinacional, que le permite emitir soluciones en unos 80 países y jurisdicciones.

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