ARAG examina las consultas jurídicas recibidas el año pasado, destacando arrendamiento, laboral y consumo. Incremento del IPC en alquiler, impagos y responsabilidad de reparaciones lideran entre las principales preocupaciones.
ARAG analiza las consultas recibidas por sus abogados a lo largo del pasado año
En 2024 se mantiene la tendencia observada en los últimos cinco años, con las principales inquietudes centradas en las áreas de arrendamiento, laboral, consumo y comunidad de propietarios
El análisis revela que el 17% de las consultas anuales estuvieron relacionadas con arrendamientos. Las principales inquietudes de los ciudadanos se centraron en el incremento del IPC en la renta del alquiler, los impagos de alquiler, la recuperación de la vivienda alquilada y la responsabilidad de las reparaciones en la vivienda. Este 2025, el IPC quedará atrás, ya que en enero se ha publicado un nuevo índice para regular las subidas de la renta de los alquileres de viviendas. La intención es que este nuevo índice sea más estable que el IPC, evitando así incrementos desproporcionados en la renta.
Laboral, consumo y comunidad de propietarios
En el segundo, tercer y cuarto puesto del ranking se encuentran los temas de laboral y seguridad social, que representan el 13% de las consultas; los relacionados con consumo, con casi un 12%; y las consultas sobre la comunidad de propietarios, que constituyen un 10%.
Las consultas laborales más comunes incluyen la incapacidad temporal y permanente, la impugnación de altas médicas, las extinciones de contrato, especialmente despidos, y los permisos laborales, con un enfoque particular en el permiso por hospitalización de familiares.
En el ámbito del consumo, el análisis de ARAG revela que sus clientes enfrentan principalmente problemas relacionados con cláusulas abusivas en hipotecas, compañías eléctricas, la compra de vehículos de segunda mano y compras online (productos que no llegan o no corresponden con lo solicitado).
En cuanto a las comunidades de propietarios, los temas más recurrentes incluyen la instalación de ascensores, las reclamaciones a vecinos morosos, las quejas sobre la actuación de los administradores, la impugnación de acuerdos comunitarios y las obligaciones de los locales de contribuir con los gastos comunitarios.
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