El futuro de Muface, el modelo sanitario que durante 50 años ha garantizado asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios, enfrenta su momento más crítico. La crisis desatada tras la negativa de las principales aseguradoras a renovar su participación en el sistema ha llevado al Gobierno a abrir la posibilidad de que los empleados públicos opten por la sanidad pública hasta el próximo 31 de enero.
En noviembre de 2024, todas las aseguradoras involucradas en el modelo Muface decidieron no continuar debido a las pérdidas económicas que alegaban sufrir. Esta decisión generó incertidumbre entre los funcionarios, quienes denunciaron la cancelación de citas médicas y retrasos en pruebas diagnósticas. Aunque el Gobierno reaccionó con una nueva oferta que incluye un aumento de las primas del 33,5% y la introducción de tramos por edad, Adeslas, que cubre al 47% de los mutualistas, ya ha anunciado su retirada definitiva.
Por su parte, DKV y Asisa, las otras dos principales aseguradoras del modelo, están evaluando las nuevas condiciones, pero aún no han tomado una decisión. La fecha límite para responder al Gobierno es el próximo 15 de enero.
Alternativa temporal para los mutualistas de Muface: cambio a la sanidad pública
Ante el panorama incierto, el Ejecutivo ha ofrecido una solución temporal. Desde el 1 de enero, los funcionarios pueden optar por cambiar a la sanidad pública, decisión que debe tomarse antes del 31 de enero. Si la licitación actual se resuelve favorablemente y el nuevo concierto entra en vigor el 1 de abril, los funcionarios tendrán la opción de regresar a la sanidad privada, aunque ya sin Adeslas entre las opciones disponibles.
El próximo 15 de enero será una fecha clave, ya que se espera la respuesta de DKV y Asisa. Si ninguna aseguradora acepta las condiciones, el Gobierno se verá obligado a lanzar una tercera licitación o a mejorar nuevamente su oferta para atraer a más compañías, incluyendo aquellas que abandonaron el modelo en el pasado.
Asistencia sanitaria garantizada hasta marzo
Mientras se resuelve esta situación, las aseguradoras tienen la obligación de continuar prestando servicio hasta el 31 de marzo, según lo estipulado en los pliegos actuales. Esta prórroga incluye una actualización de precios con un alza del 19,37% para cubrir los costes del próximo trimestre. Sin embargo, para que esta extensión sea efectiva, el Gobierno deberá emitir la orden de continuidad, algo que aún está pendiente.
La salida de Adeslas y la posibilidad de que DKV y Asisa sigan el mismo camino han intensificado la presión sobre el Ejecutivo. La incertidumbre afecta no solo a los funcionarios, sino también a la estabilidad de un modelo que ha sido emblemático durante cinco décadas.
Con el plazo de decisión acercándose rápidamente, el futuro de Muface podría marcar un antes y un después en la asistencia sanitaria para los empleados públicos en España.
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