¿Quién garantiza la defensa jurídica cuando un menor sufre lesiones en un parque infantil que carecía de un adecuado mantenimiento? ¿O cuando un motorista sufre un accidente por el mal funcionamiento de un semáforo? ¿Cómo puede reclamar un Ayuntamiento los daños de vandalismo o de desperfectos en sus infraestructuras?

En el ámbito local de la Administración Pública de nuestro país constan un total de 8.112 Ayuntamientos, y aproximadamente el 84% de ellos cuenta con menos de 5.000 personas empadronadas. De una forma especial para este tipo de ente público, DAS Internacional lanza un nuevo seguro diseñado para cubrir sus necesidades legales. Según señala la compañía, se trata de “un seguro muy flexible que consta de dos garantías básicas, la defensa penal y la reclamación no contractual de daños materiales, y de otras seis garantías optativas”.

Esta nueva póliza cubre la defensa penal del asegurado en procesos que se sigan contra él por delitos o faltas cometidos imprudentemente en el desempeño de su actividad como, por ejemplo, la falsedad en documento oficial con imprudencia grave por un funcionario. “La reclamación no contractual de daños materiales es una garantía esencial para la Administración que permite reclamar al responsable los daños ocasionados en el mobiliario público, como consecuencia, por ejemplo, de un accidente de tráfico o de un acto vandálico”, señala DAS en un comunicado. “Esta reclamación supone una gestión más eficaz de la dotación pública ya que el gasto de la reparación es asumido por el causante del daño, evitando que deba ser repercutido en los contribuyentes”.

Una de las garantías opcionales que ofrece el nuevo seguro de DAS es la reclamación por incumplimiento de otros seguros. Asimismo, incluye la defensa subsidiaria de la responsabilidad civil patronal, que supone la defensa de la Administración en caso de accidente laboral en el que un empleado resulta con lesiones corporales y reclama indemnización por responsabilidad de la Administración.

El seguro incluye también la defensa laboral de la Administración ante los empleados en régimen laboral, y que suponen un porcentaje muy elevado del personal público, en especial, en organismos pequeños. Esta garantía permite al ente público estar asesorado de forma adecuada sometiéndose a la regulación prevista en el Estatuto de los Trabajadores, en las mismas condiciones que debe cumplir cualquier otro empresario.