Julio Fernández García, CEO de JubilaME, analiza el impacto político y social de la no aprobación del llamado decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones.
Permítanme compartir con ustedes; antes de redactar este artículo he reflexionado profundamente sobre si debía proceder o no, dado que, como es conocido por quienes han seguido mis escritos durante más de una década, mi intención es ofrecerles mi opinión mas genuina, ya sea afortunada o desafortunada, pero siempre evitando posicionamientos políticos. La llamada que recibí anoche de mi madre me ha llevado a considerar que, en esta ocasión, debería llevarlo a cabo.
La revalorización de las pensiones vuelve a situarse en el centro del debate político y social
Tras la “no” aprobación, esta misma semana, de un nuevo decreto ómnibus en el Congreso. Un texto que, bajo la apariencia de proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, ha generado un profundo desacuerdo parlamentario y ha evidenciado una estrategia política que muchos califican ya de demagogia legislativa.
El Gobierno ha optado por incluir la revalorización de las pensiones dentro de un decreto ómnibus, una figura jurídica que agrupa medidas de naturaleza muy diversa en un solo texto. Esta técnica legislativa obliga a los grupos parlamentarios a votar en bloque iniciativas que, de tramitarse de forma separada, podrían contar con apoyos distintos. En la práctica, se convierte en un “todo o nada” que condiciona el voto y dificulta el debate real sobre cada medida.
Este enfoque explica por qué partidos como Partido Popular, Vox o Junts no han apoyado el decreto. Su rechazo no se centra exclusivamente en la revalorización de las pensiones —una medida que, aisladamente, podría contar con amplio consenso— sino en el uso del decreto ómnibus como herramienta política. Para estos grupos, el Gobierno utiliza deliberadamente una causa socialmente sensible para blindar otras decisiones controvertidas y forzar apoyos parlamentarios bajo presión moral.
La ley de 2021 y la vinculación con la inflación
Conviene recordar que la revalorización de las pensiones no nace de este decreto. Su base legal se encuentra en la Ley 21/2021, que reformó el sistema público de pensiones y estableció que las pensiones contributivas deben actualizarse conforme a la inflación media anual. También se introdujeron mejoras específicas para las pensiones mínimas y no contributivas, con incrementos adicionales para reducir situaciones de vulnerabilidad.
Sobre el papel, el principio es claro: evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, la aplicación práctica genera matices importantes. La inflación no afecta por igual a todos los bienes y servicios. Durante 2025, el índice general de precios mostró una moderación respecto a picos anteriores, pero determinados gastos esenciales —como alimentación, energía o vivienda— siguieron registrando incrementos relevantes, mientras otros bienes no básicos apenas subieron o incluso bajaron.
Esto plantea una pregunta incómoda: ¿realmente la revalorización protege el coste de vida real de los pensionistas o solo compensa una media estadística?
Ruido y demagogia
El problema de fondo no es la revalorización en sí, sino la forma en que se utiliza políticamente. Incluirla en un decreto ómnibus permite al Gobierno presentarse como el único garante de los pensionistas, mientras se señala a quienes votan en contra como responsables de un supuesto recorte. Esta narrativa simplifica un debate que debería ser mucho más serio y transparente.
La sostenibilidad del sistema público, la suficiencia de las pensiones y su impacto fiscal merecen un tratamiento específico, con debates separados y consensos amplios. Utilizar a los pensionistas como escudo político puede generar titulares a corto plazo, pero erosiona la confianza en el sistema y en las instituciones.
Un debate que exige responsabilidad
España afronta un desafío demográfico sin precedentes. El envejecimiento de la población y la presión sobre las cuentas públicas obligan a tomar decisiones complejas. Convertir la revalorización de las pensiones en una herramienta de confrontación política no ayuda a resolver el problema de fondo.
Los pensionistas necesitan certezas, hechos, no gestos simbólicos. Y la sociedad necesita un debate honesto sobre cómo garantizar pensiones dignas hoy sin comprometer las de mañana. Todo lo demás es ruido. Y, cada vez más, demagogia.