El 42 % de los recursos del programa europeo NextGenerationEU (NGEU) destinados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) continúa pendiente de ejecución cuando restan menos de doce meses para su finalización, prevista para finales de 2026. En términos absolutos, más de 270.000 millones de euros siguen sin desembolsarse de los 650.000 millones asignados a este instrumento, según un análisis elaborado por Coface.
El retraso en la utilización de estos fondos amenaza con reducir su impacto sobre el crecimiento económico europeo y con limitar el alcance de las reformas estructurales previstas, especialmente en un contexto de desaceleración. Las últimas previsiones apuntan a un crecimiento del PIB de la UE del 1,5 % en 2025 y del 1,4 % en 2026.
De haberse ejecutado íntegramente el programa, el crecimiento anual medio de la economía europea podría haber sido hasta 0,4 puntos porcentuales superior en el periodo 2020-2030, de acuerdo con las estimaciones recogidas en el informe.
Riesgos macroeconómicos y para la inversión
Desde el punto de vista financiero, la infrautilización del NGEU reduce el efecto multiplicador esperado sobre la inversión pública y privada, la modernización productiva y la estabilidad presupuestaria a medio plazo. Coface advierte de que la presión por ejecutar los fondos dentro del plazo está llevando a algunos gobiernos a priorizar proyectos de rápida implementación frente a iniciativas con mayor valor estructural.
“Más allá de las cantidades sin precedentes del plan de recuperación europeo, lo que marca la diferencia es su ejecución. La infrautilización o la mala asignación de los fondos comprometería su potencial para estimular el crecimiento a corto y largo plazo en un entorno fiscal ya de por sí restringido”, señala Laurine Pividal, economista de Coface para el sur de Europa.
Obstáculos administrativos y cambio de prioridades
Entre las principales causas del retraso figuran los cuellos de botella administrativos, la limitada capacidad de gestión de algunos Estados miembros y los cambios en el entorno económico y geopolítico. La guerra en Ucrania, la crisis energética y el repunte de la inflación han obligado a revisar planes nacionales, retrasando hitos y desembolsos.
A ello se suma la complejidad política de las reformas asociadas a los fondos, algunas de ellas impopulares, lo que ha derivado en renegociaciones o aplazamientos, especialmente en economías como España e Italia.
España renuncia a parte de los préstamos europeos y los fondos Next generation
En el caso español, el análisis destaca una decisión con implicaciones relevantes para el mercado financiero: el Gobierno renunciará a unos 67.000 millones de euros de los 83.000 millones disponibles en préstamos europeos, al considerar que la mejora del perfil crediticio del país permite financiarse en mejores condiciones en los mercados.
Esta decisión reduce el volumen de financiación europea canalizada hacia la economía española y traslada una mayor responsabilidad al mercado de deuda, con impacto potencial sobre el coste de capital y la planificación de grandes proyectos de inversión.
Después de 2026: menor estímulo y alcance limitado
Tras la finalización del NGEU, parte del estímulo podría sustituirse por nuevos instrumentos comunitarios, como los préstamos SAFE del programa Readiness 2030, dotados con hasta 150.000 millones de euros para el periodo 2026-2030. No obstante, su orientación casi exclusiva a la industria de defensa y sus requisitos más flexibles de origen de los bienes financiados limitan su efecto macroeconómico frente al enfoque transversal del plan de recuperación.
Para el sector financiero y asegurador, el escenario plantea un doble reto: por un lado, un crecimiento económico más moderado del previsto; por otro, una menor tracción de la inversión pública europea como catalizador de proyectos empresariales y de demanda de financiación, aseguramiento y cobertura de riesgos.