El reciente Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, revela que los plazos de pago en 2024 apenas han cambiado en comparación con 2023. En marzo de 2020, coincidiendo con la pandemia y las medidas de distanciamiento social, los plazos de pago alcanzaron su peor comportamiento en la serie histórica del estudio.
Plazos de pago y cumplimiento normativo
De acuerdo con la encuesta, que contó con la participación de cerca de 700 gestores de empresas de diferentes tamaños y sectores, un 8% del tejido productivo trabaja con el nivel más bajo desde que se realiza este estudio. Sin embargo, sólo el 51% de las empresas cumple con los plazos por debajo de 60 días impulsados por la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, una mejora de dos puntos respecto a 2019. Apenas un 11% de las empresas ha logrado reducir los plazos de pago a 30 días, como sugiere la nueva Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea.
El estudio destaca que el 72% de las empresas acepta plazos de pago superiores a los deseados para mantener su cartera de clientes en operaciones B2B. La capacidad de imponer plazos de pago varía significativamente según el tamaño de la empresa: los autónomos tienen una capacidad del 15%, las pymes del 38%, y las grandes empresas del 47%.
Impacto de la pandemia en los plazos de pago
Durante las oleadas de la pandemia en 2020 y 2021, se observó un cambio en el comportamiento de las pymes y las grandes empresas. Las pymes tendieron a imponer plazos de pago más largos para mitigar problemas de tesorería. En contraste, las grandes empresas adoptaron estrategias para proteger la salud financiera de sus proveedores. Los datos de 2024 indican que ambos segmentos han vuelto a comportamientos alineados con los valores históricos de la serie.
El estudio también señala que las Administraciones Públicas contribuyen a la extensión indeseada de los plazos de pago. El 44% de las empresas que trabajan con el sector público acepta plazos superiores a los deseados, con las Administraciones locales mostrando el peor comportamiento (32%). Este porcentaje es significativamente menor en las Administraciones autonómicas (15%) y estatales (14%).
Morosidad y problemas financieros
Un 60% de las empresas percibe problemas financieros en sus clientes, un aumento de un punto porcentual respecto al año anterior. La falta de liquidez sigue siendo la razón principal de la morosidad empresarial, seguida del retraso intencionado (51%), la complejidad del procedimiento de pagos (18%), la emisión de facturas incorrectas (6%) y las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (6%).
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