Según los datos del estudio elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, el gasto destinado a protección social es el componente más importante del gasto público total en la Unión Europea.

Este capítulo de gastos incluye, entre otros, los gastos por enfermedad e incapacidad, las pensiones, las prestaciones por desempleo, las prestaciones para familias, hijos y supérstites, así como la ayuda a la vivienda. En los últimos años, el promedio europeo ha aumentado desde el 38,2% registrado en 2007 hasta el 41,2% en 2016.

Entre los países de la UE destaca Finlandia con un gasto en protección social del 45,8% sobre el total, figurando a continuación Alemania, Dinamarca, Francia y Luxemburgo con cifras superiores o en el entorno del 43%. Italia y Austria se sitúan por encima del 42%, al tiempo que Suecia y Grecia también superan el promedio de la UE-28.

Portugal ya figura por debajo de la media con un 40,0%. En España el gasto en protección social ha crecido a lo largo de los últimos años. En 2007 nuestro gasto se situaba en el 32,9% sobre el total aumentando a casi un 40% en 2016. Por debajo de nosotros figuran, entre otros, el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos e Irlanda, así como la totalidad de países de reciente adhesión, a excepción de Polonia. Cierran la clasificación Malta, la República Checa, Croacia y Hungría con cifras en torno al 31%.