España, entre los países de la UE donde la pobreza relativa afecta menos a los mayores, según el Instituto Santalucía

España, entre los países de la UE donde la pobreza relativa afecta en menor medida a las personas mayores que al resto de la población.

España se sitúa entre los países de la Unión Europea donde la pobreza relativa afecta en menor medida a las personas mayores que al conjunto de la población. Así lo refleja la última edición del Pensiómetro, el barómetro elaborado por el Instituto Santalucía, órgano de reflexión del Grupo Santalucía, que analiza la situación económica de la vejez desde una perspectiva comparada en el entorno europeo.

En 2022, la tasa de pobreza relativa entre los mayores de 65 años en España fue del 13,1%, frente al 13,7% del total de la población, lo que sitúa al país en el puesto 19 de la UE. Además, existen 17 países de la OCDE donde la incidencia de este indicador es menor entre los mayores que en el conjunto de la población.

Evolución desfavorable desde 2011

Pese a la posición relativamente favorable, el informe advierte de una evolución negativa en la última década. Entre 2011 y 2022, la pobreza relativa de los mayores de 65 años aumentó en España cuatro puntos porcentuales, en línea con la media de la UE, situando al país en el puesto 15 en términos de variación.

El riesgo de pobreza se intensifica a medida que avanza la edad. En España, afecta al 15,1% de los mayores de 75 años, frente al 11,5% del grupo de 66 a 75 años. Además, persiste una brecha de género: el 15% de las mujeres mayores presenta ingresos inferiores al 50% de la mediana nacional, frente al 10,7% de los hombres.

Ingresos cercanos a la media, pero con brechas relevantes

En términos de ingresos disponibles, los mayores de 65 años en España perciben de media el 96,7% de los ingresos de la población total, una mejora significativa respecto al año 2000, cuando representaban el 81%. Este avance sitúa a España como el cuarto país de la UE con mejor evolución en este indicador.

Por género, los hombres mayores superan ligeramente la media general (102,1%), mientras que las mujeres se sitúan en el 92,4%. Sin embargo, la brecha se amplía notablemente en los mayores de 75 años (86,5%) frente al grupo de 66 a 75 años (105,3%), rozando los 20 puntos porcentuales.

“España presenta una posición favorable en pobreza relativa entre las personas mayores y el sistema ofrece un nivel de protección relevante. No obstante, el análisis de ingresos permite identificar áreas de mejora en la suficiencia económica en la vejez”, señala José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía.

Menor desigualdad en la vejez

El Pensiómetro destaca que la desigualdad de ingresos en la vejez es inferior a la del conjunto de la población. En 2022, el índice de Gini fue de 0,302 entre los mayores, frente a 0,316 en la población total. Aunque España presenta una desigualdad superior a la media de la UE, se sitúa ligeramente mejor que el promedio de la OCDE.

Envejecimiento y sostenibilidad del sistema

El informe también analiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La inversa de la tasa de dependencia cae a 2,90, reflejando el avance del envejecimiento poblacional. La tasa de cobertura se sitúa en el 74%, mientras que la edad efectiva de jubilación asciende a 65,41 años.

En el plano financiero, el déficit contributivo anual se redujo ligeramente hasta el 1,83% del PIB en septiembre de 2025 (30.390 millones de euros), aunque el indicador de pensión por euro cotizado empeora hasta 2,25, lo que sugiere que la pensión media crece a mayor ritmo que la cotización media.

La pensión media por pensionista alcanza los 1.452,45 euros, un 4,5% más que un año antes. Asimismo, la brecha de género en jubilación continúa reduciéndose: la pensión media femenina representa ya el 69,8% de la masculina, frente al 59,9% en 2012.

El Pensiómetro actualiza 18 indicadores del sistema público de pensiones y está disponible gratuitamente en la web del Instituto Santalucía, ofreciendo una herramienta de análisis para evaluar la evolución y los desafíos estructurales del sistema en un contexto demográfico cada vez más exigente.

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