Los incendios forestales de 2025 en España exponen la falta de protección estatal. La devastación de 350.000 hectáreas revela el fracaso del Estado en la prevención y reparación de catástrofes.
Los incendios forestales de 2025, que devastaron más de 350.000 hectáreas en toda España, han destapado una fractura grave en el contrato social: los ciudadanos pagan impuestos, pero no reciben protección. El 95% de las superficies afectadas carecía de seguro y miles de agricultores, ganaderos y apicultores perdieron su sustento sin encontrar respaldo en las Administraciones públicas.
Abel Marín, abogado y socio de Marín & Mateo Abogados
“Estamos ante un Estado que legisla y recauda, pero no previene ni repara. El ciudadano paga como si existiera un sistema de protección que en realidad no funciona”.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, 2025 ha registrado la mayor superficie quemada en la última década, una cifra que confirma el incumplimiento de los planes de cortafuegos y limpieza de montes previstos desde hace años.
Para Marín, la tragedia de los incendios no es un hecho aislado, sino un patrón que se repite en otras crisis recientes. La DANA de 2024, el apagón eléctrico del pasado 28 de abril o la falta de ejecución de órdenes de expulsión de extranjeros en situación irregular revelan una misma constante: el Estado conoce los riesgos, incluso legisla y recauda para afrontarlos, pero a la hora de actuar no lo hace. “El Estado nunca falla en cobrar, pero sí en cumplir con su obligación básica de proteger. El ciudadano termina siendo un vasallo tributario sin garantías reales”, advierte.
La reparación nunca llega de oficio
Sólo quienes reclaman por la vía judicial consiguen indemnización, mientras el resto queda desamparado. “La responsabilidad patrimonial del Estado está reconocida, pero se traslada la carga al ciudadano, que tiene que demostrar los daños y pleitear. Quien no reclama, no recibe”, insiste Marín.
El marco normativo confirma este diagnóstico. El artículo 45 de la Constitución obliga a los poderes públicos a conservar el medio ambiente; la Ley 24/2013 reconoce la electricidad como un servicio esencial cuya interrupción debe ser indemnizada; y la Ley 40/2015 establece la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de los servicios públicos. Sin embargo, la práctica muestra que estas obligaciones quedan en papel mojado.
“La verdadera amenaza es que los ciudadanos interioricen que están solos y que la única vía real es asegurarse, documentar y reclamar por su cuenta. Cuando se pierde la confianza colectiva, el Estado pierde su razón de ser”, concluye Marín.