La nueva DEC 2024 ha dejado una sensación clara entre muchas corredurías: avanzar en transparencia, sí. Pero no a costa de más inseguridad, más carga administrativa y menos claridad legal.
Por Pura Rubio, asesora jurídica de E2K especializada en mediación de seguros
Finalizado el plazo para la presentación de la Documentación Estadístico-Contable (DEC), creo que es momento de reflexión. Acompañando a nuestra red de corredurías durante el proceso, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, lo que más he percibido es una sensación de esfuerzo no siempre recompensado, y en algunos casos, de desconcierto ante determinados cambios. Y no es para menos.
Lo primero que llama la atención es que los problemas técnicos siguen siendo exactamente los mismos de hace dos décadas. La aplicación que deben descargar las corredurías para cumplimentar los modelos sigue siendo identificada por los sistemas operativos como «no segura». En 2025, en un sector que debe cumplir con normativas como DORA y donde la ciberseguridad es crítica, se pideejecutar un archivo de fabricante desconocido, esto resulta muy difícil de justificar.
Este año, además, se ha multiplicado la información exigida sin que la herramienta esté preparada para soportarlo. La aplicación es lenta, inestable y —en algunoscasos— ha provocado pérdidas de datos sin previo aviso. Y en modelos como el 1.1, con decenas de columnas, ni siquiera se han inmovilizado los paneles. Un detalle técnico sencillo, pero clave para facilitar el trabajo.
Pero más allá de la parte técnica, el mayor reto se encuentra en algunas interpretaciones que introduce la nueva DEC y que no están amparadas por un respaldo normativo claro. Es el caso, por ejemplo, de la capacidad financiera, donde se limita el reconocimiento de la cobertura inmediata sólo a los supuestos en que exista un pacto contractual con la aseguradora para la gestión del cobro. Un requisito que se ha reformulado y que debería —al menos— debatirse con el sector antes de aplicarse de forma generalizada.
Nos preocupa que ciertos criterios administrativos acaben asumiéndose como obligatorios sin que exista una base legal sólida. Hacer la DEC puede y debe ser un ejercicio útil. Bien planteada, aporta una valiosa visión de la evolución de cada correduría. Pero no puede convertirse en una herramienta para imponer obligaciones no previstas por el legislador, ni hacerse con medios que pongan en riesgo la operativa de las empresas.
Dicho esto, también quiero destacar y agradecer la actitud del equipo humano de la DGSFP. Siempre que he necesitado contactar con ellos, la respuesta ha sido profesional, rápida y constructiva. Es un ejemplo del tipo de colaboración que deseamos fortalecer.
Por eso, más que criticar, lo que proponemos es revisar y mejorar. Estamos convencidos de que la DEC puede ser una herramienta útil, pero su eficacia depende de que su desarrollo se base en principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y respeto al marco legal vigente.
Confiamos en que esta edición de la DEC sirva como punto de partida para un diálogo más fluido entre mediación y Administración. Un diálogo que nos permita avanzar juntos hacia una regulación más eficaz, más clara y sostenible para todos.