La supresión del programa de residencia por inversión, conocido como Golden Visa, no ha logrado contener el encarecimiento de la vivienda en España y ha provocado un vacío jurídico para determinados perfiles de inversores internacionales. Así lo señala un análisis de RSM, que advierte de las dificultades administrativas surgidas tras la derogación de este mecanismo.
Según la firma, los precios de la vivienda han continuado su tendencia al alza tras la eliminación del programa, lo que confirma que su impacto en el mercado inmobiliario era limitado. Sin embargo, la medida sí ha generado nuevas complicaciones para inversores que anteriormente contaban con un marco legal claro para residir en el país.
“La Golden Visa no era el origen del problema de la vivienda y los datos lo confirman. Su eliminación no ha tenido impacto en los precios, pero sí ha creado dificultades prácticas para perfiles inversores que antes tenían un marco claro y previsible”, explica Juan Carlos Lois.
Vacío legal tras la derogación de la Golden Visa
La desaparición del programa ha afectado no solo a las inversiones inmobiliarias, sino también a otras vías de residencia vinculadas a proyectos empresariales o inversiones financieras que no generaban presión sobre el mercado de la vivienda.
“Se eliminaron instrumentos que no estaban causando el problema que se pretendía resolver y no se diseñó una alternativa para estos perfiles”, señala Margarita Volkova.
Según los expertos, esta situación ha provocado que inversores extranjeros interesados en establecerse en España recurran a permisos de residencia que no fueron diseñados para este tipo de perfiles.
Distorsión del sistema migratorio
Entre las alternativas que están utilizando estos inversores destacan el visado para teletrabajadores internacionales o la residencia no lucrativa. Sin embargo, estas figuras responden a situaciones profesionales distintas.
“El resultado es una distorsión evidente del sistema migratorio. Inversores que necesitan desarrollar actividad económica en España se ven obligados a encajar en permisos que no responden a su realidad profesional”, apunta Volkova.
La figura del visado de teletrabajador internacional se está consolidando como una de las vías más utilizadas tras la desaparición de la Golden Visa. Cada vez más perfiles internacionales optan por este permiso, especialmente profesionales con proyectos empresariales o actividad económica compatible con el teletrabajo.
Problemas administrativos y falta de homogeneidad
El informe también alerta de los problemas técnicos derivados de la forma en que se aplicó la derogación. Algunos supuestos, como la situación de menores no nacidos en España, quedaron inicialmente sin cobertura normativa.
Además, numerosos expedientes se trasladaron al régimen general de extranjería, lo que incrementó la carga de trabajo de las oficinas administrativas y generó criterios dispares entre territorios.
“La falta de homogeneidad administrativa ha añadido incertidumbre a familias que estaban tramitando su residencia de manera regular”, explica Lois.
A ello se suman dificultades en el ámbito consular, donde se han registrado casos de visados bloqueados pese a contar con resoluciones de residencia ya aprobadas.
España sigue siendo un destino atractivo
Pese a estas dificultades, los expertos subrayan que el interés inversor por España se mantiene. El país continúa siendo atractivo para vivir, invertir y desarrollar proyectos empresariales, lo que explica que la demanda de residencia internacional no haya desaparecido.
En este contexto, varios países europeos han reformulado sus programas de residencia por inversión en 2025, limitando su impacto en el mercado inmobiliario y orientándolos hacia proyectos estratégicos.
España, en cambio, optó por eliminar el sistema sin sustituirlo por otro modelo.
“Un inversor que impulsa proyectos y no supone una carga para el Estado necesita un marco propio, claro y transparente. No necesariamente vinculado a la vivienda, pero sí coherente con la realidad económica del país”, concluye Volkova.
Para los expertos, corregir este vacío normativo será clave para reforzar la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema migratorio español en los próximos años.