La recién estrenada Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha supuesto un cambio de paradigma en la tramitación judicial en España. Su aplicación, desde el pasado mes de abril, está generando un complejo escenario legal al coexistir con dos normativas anteriores, de modo que la legislación aplicable varía en función de la fecha en la que se interpone cada demanda.
Esta situación ha despertado la preocupación en el ámbito jurídico, especialmente entre los procuradores. Nuria Ramón, procuradora y vocal del Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores, alerta del impacto que esta nueva normativa está teniendo en el trabajo diario de los profesionales del Derecho y, en consecuencia, en los propios ciudadanos:
“Convivimos con tres legislaciones distintas aplicables a un mismo tipo de procedimiento. Esto genera una inseguridad normativa que nos obliga a extremar la atención en cada actuación procesal. Es un entorno muy exigente”, ha afirmado.
Más carga, más costes, ¿más eficiencia?
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley de eficiencia es la obligatoriedad de acreditar la realización de un MASC (Medio Adecuado de Solución de Controversias) como condición previa a la admisión de la demanda. Ramón recuerda que se trata de una figura que ya existía antes del año 2001 y que fue eliminada “por su carácter dilatorio”. Ahora, no solo regresa, sino que lo hace sin que se haya resuelto cómo afectará a las costas procesales.
Además, la ley amplía las funciones de los procuradores en ámbitos como los actos de comunicación, el auxilio judicial y la cooperación con la Administración de Justicia. Ramón asegura que el colectivo está dispuesto a asumir nuevos retos, pero denuncia la falta de recursos y el traslado continuo de costes hacia los profesionales:
“La Procura no rechaza estas nuevas competencias. Lo que decimos es que su implementación conlleva más carga económica que acaba repercutiendo en el ciudadano. No se puede justificar esta sobrecarga en nombre de la eficiencia.”
También critica que estas nuevas competencias no se apliquen en áreas especialmente saturadas del sistema judicial, como la jurisdicción concursal, laboral o penal, donde una mejora real de la eficiencia sí sería urgente y necesaria.
Un colectivo que vuelve a reinventarse
A pesar de las dificultades, desde la Mutualidad se destaca la capacidad de adaptación del colectivo de procuradores, que en su momento lideró la transformación digital del sistema judicial. Ramón subraya el compromiso de los profesionales con la ciudadanía:
“Asumiremos este nuevo reto con la misma profesionalidad de siempre. Seguiremos colaborando con la Administración de Justicia para lograr un sistema más ágil y cercano al ciudadano”, concluye.
El reto ahora, dicen, es que esta nueva etapa no suponga un retroceso en derechos ni un aumento injustificado de la carga para los ciudadanos, sino un avance real hacia una justicia moderna, eficaz y equitativa.