La inminente aprobación de un Real Decreto para regularizar a extranjeros en situación administrativa irregular ha provocado un cambio significativo en las consultas jurídicas en materia de extranjería. Según datos del Observatorio de Extranjería de Legálitas, el 60% de las consultas recibidas en lo que va de año están relacionadas con la denominada “regularización masiva”.
Este interés ha desplazado a otras cuestiones tradicionalmente predominantes, como la obtención de la nacionalidad española, los trámites por vínculo con familiares españoles o los cambios de residencia.
El aumento de consultas responde a la expectativa generada por el anuncio del Gobierno, que prevé aprobar en abril una norma dirigida a regularizar a los extranjeros que hayan entrado en España antes del 1 de enero de 2026. Según explica la compañía, si finalmente se aprueba este mes, es previsible que se produzca un incremento aún mayor de solicitudes y expedientes en los meses posteriores.
Requisitos y condiciones de la futura regularización
De acuerdo con el borrador normativo, los interesados deberán presentar su solicitud antes del 30 de junio de 2026. Para acceder a la residencia por arraigo será necesario acreditar la entrada en España antes del 1 de enero de 2026, carecer de antecedentes penales y demostrar al menos cinco meses de permanencia en el país.
En el caso del arraigo extraordinario, se exigirán además condiciones adicionales como contar con un empleo o una oferta laboral, convivir con familiares a cargo o encontrarse en situación de vulnerabilidad.
La autorización concedida permitirá obtener un permiso de residencia y trabajo de un año, con posibilidad de prórroga o modificación a una residencia de hasta cuatro años. Para quienes tengan hijos menores o dependientes con discapacidad, la autorización podría extenderse a cinco años.
El resto de consultas pierde peso relativo
El auge de la regularización ha reconfigurado el mapa de consultas en extranjería. Así, un 20% de las dudas corresponde a trámites vinculados a familiares de ciudadanos españoles, centradas principalmente en la documentación necesaria, la acreditación de vínculos y las diferencias entre parejas registradas, estables o matrimonios celebrados en el extranjero.
Por su parte, las consultas sobre nacionalidad española representan el 10% del total. Entre las cuestiones más habituales figuran los requisitos para su obtención por residencia, los exámenes CCSE y DELE del Instituto Cervantes, así como la adquisición por matrimonio o la transmisión a hijos. También destacan los casos de denegación, que han aumentado debido a un mayor rigor en la evaluación de la buena conducta cívica por parte del Ministerio de Justicia.
Las modificaciones de residencia suponen el 8% de las consultas, especialmente entre estudiantes que buscan acceder a permisos de trabajo o extranjeros que necesitan adaptar su situación administrativa tras cambios personales o laborales.
Finalmente, las denegaciones de asilo representan solo el 2% de las consultas, un porcentaje inferior al de años anteriores debido al impacto que ya está teniendo la futura regularización en las expectativas de los solicitantes.
En conjunto, el primer trimestre de 2026 refleja un escenario marcado por la anticipación de este cambio normativo, que no solo concentra la mayoría de las consultas, sino que está redefiniendo las prioridades en materia de extranjería. Desde Legálitas advierten de que, una vez se publique el Real Decreto, el volumen de consultas podría intensificarse aún más.