El anuncio de la ministra de Sanidad sobre la tramitación de la Ley de Gestión Pública del SNS ha generado controversia. ASPE considera irreal la gestión eficiente del sistema público sin la colaboración del sector privado.
ASPE critica duramente la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que impulsa el Ministerio de Sanidad. La supresión de los acuerdos que propone la ley de supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales, según los estudios. La actual fórmula de colaboración público-privada implica, mínimo, un ahorro del 25% para las arcas públicas.
Este proyecto de ley pasa por alto casi 40 años de colaboración eficiente bajo la tutela de la Ley General de Sanidad de 1986, que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios.
Además, “la eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación”, señala Carlos Rus, presidente de ASPE.
ASPE también ha criticado las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha calificado la actividad de la sanidad privada como “legítima” pero ha advertido de que “no puede ser la base del sistema sanitario”. Rus considera estas declaraciones como “altisonantes e innecesarias” y ha defendido el papel de la sanidad privada, que, según él, “siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad” y ha contribuido a “desahogar las listas de espera” y a “mejorar la calidad de la atención sanitaria”.
Limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las CCAA
ASPE ha advertido también de que la futura ley limitaría la capacidad de gestión de las Comunidades Autónomas (CCAA) en materia sanitaria y podría generar un conflicto competencial que podría llegar al Tribunal Constitucional. Rus ha indicado que la ley “limita a las CCAA en su capacidad de gestión” y elimina una herramienta que “supone un gran alivio” en momentos de alta demanda de determinadas intervenciones quirúrgicas.
Estrés, ansiedad y agravamiento de la enfermedad
El retraso en la obtención de atención puede resultar en un empeoramiento de la salud del paciente, ya que las condiciones médicas pueden progresar sin tratamiento adecuado. Esto puede llevar a complicaciones adicionales y, en algunos casos, a un mayor riesgo de discapacidad o incluso de mortalidad. Además, las listas de espera prolongadas pueden generar estrés y ansiedad en los pacientes y sus familias, quienes se ven obligados a enfrentar la incertidumbre sobre cuándo recibirán atención médica
“Desde el sector de la provisión sanitaria mantenemos nuestro firme nuestro compromiso de trabajar mano a mano y de una forma responsable como siempre hemos hecho con el Gobierno central y con lasCCAA para construir un sistema de salud fuerte, sostenible y accesible, en el que no se pongan trabas para la colaboración”, insiste Rus. “Abogamos por un enfoque inclusivo que tenga en cuenta las experiencias y conocimientos de todos los sectores, reconociendo que la utilización de todas las herramientas disponibles enriquece la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas, y muy especialmente ante la alarmante situación de espera de muchos pacientes”, añade.
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