La quiebra de la aseguradora FWU Life Insurance Luxemburg S.A. ha dejado a más de 40.000 personas en España atrapadas en una maraña legal y financiera tras ver sus ahorros congelados. Los productos afectados, en su mayoría Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), fueron distribuidos principalmente por la intermediaria financiera OVB Allfinanz España, y se ofrecían como seguros de vida de bajo riesgo con beneficios fiscales. Sin embargo, muchos resultaron ser instrumentos financieros vinculados a fondos de inversión (Unit Linked), expuestos a la alta volatilidad del mercado.
El proceso de liquidación se formalizó en enero de 2024 y se agravó cuando, el 1 de diciembre del mismo año, el Tribunal Local de Múnich declaró la insolvencia de la matriz alemana FWU AG. Las consecuencias se han hecho sentir especialmente en comunidades como Madrid, Euskadi y la Comunidad Valenciana, donde muchos afectados tienen sus inversiones completamente paralizadas.
Esperanza para los afectados por la quiebra de FWU Life Insurance
No obstante, una luz de esperanza se abre para los damnificados. La Audiencia Provincial de Madrid emitió en septiembre de 2024 la Sentencia 319/2024, en la que declaró la nulidad de varios contratos por falta de información adecuada. El fallo establece que OVB Allfinanz España no cumplió con su obligación de explicar claramente la naturaleza y los riesgos de los productos contratados, abriendo la puerta a reclamaciones civiles en España sin necesidad de acudir al complejo proceso concursal de Luxemburgo.
José Montero, socio-director del despacho Montero de Cisneros Abogados, afirma que ya están representando a numerosos afectados. “El cliente confió en el asesoramiento recibido. Si este fue incompleto o engañoso, se puede reclamar la nulidad del contrato y la restitución del capital, más intereses e incluso daños morales”, señala.
Recomendaciones para los afectados
Desde el despacho recomiendan a los inversores recopilar toda la documentación posible —pólizas, contratos, comunicaciones comerciales y extractos de aportaciones— y actuar con rapidez, ya que los plazos legales para reclamar podrían verse limitados por la prescripción.
El caso FWU pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la regulación y supervisión sobre la venta de productos financieros complejos, especialmente a clientes con perfiles conservadores. La experiencia de estos 40.000 inversores debe servir como advertencia para prevenir futuros escándalos financieros y proteger el ahorro de las familias españolas.