V.M.Z. – Seguros Tv Con motivo del 30ª aniversario de la aprobación del Pacto de Toledo, el Instituto Santalucía y FEDEA han celebrado un evento conmemorativo que ha reunido a algunos de los principales protagonistas y expertos que han contribuido al debate y evolución del sistema público de pensiones en España. Durante este evento se ha analizado la evolución, los logros y los retos futuros del Pacto de Toledo, así como su papel como modelo de estabilidad institucional en un contexto político y demográfico cada vez más complejo.
Octavio Granado: “Una sociedad sin hijos no puede sostener un sistema de reparto”
El exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, defendió durante su intervención la vigencia y utilidad del Pacto de Toledo, pero advirtió de que su continuidad depende de abordar “el verdadero problema de fondo”: la demografía.
“El Pacto de Toledo nació para asegurar el sistema de reparto”, recordó, “un sistema basado en el relevo generacional: los que trabajan pagan las pensiones de quienes ya no pueden hacerlo”. Sin embargo, alertó de que “si los jóvenes españoles no pueden o no quieren tener hijos, habrá que transitar a un modelo de protección social diferente”.
Granado insistió en que la sostenibilidad del sistema “no es solo un problema de pensiones, sino de política económica y familiar”. En su opinión, “España necesita un acuerdo interpartidario para desarrollar una política familiar digna de ese nombre”, ya que “la actual está ahogada entre la retórica de la derecha y la alergia de la izquierda”.
El exsecretario de Estado lamentó que el Pacto de Toledo, pese a sus logros, “no haya conseguido incentivar a la ciudadanía para que se implique más en el sistema de pensiones”, aunque destacó su éxito en “haber sacado las pensiones del debate electoral”: “No es poca cosa conseguir que ningún partido prometa en campaña que subirá las pensiones el doble que el de al lado”, afirmó.
También defendió la continuidad de este consenso político: “El Pacto de Toledo es una experiencia que merece la pena mantener y exportar a otras áreas de la acción pública. Nos ha permitido que los acuerdos sobre pensiones sobrevivan a la alternancia política”.
Sobre las reformas pendientes, Granado apuntó: “Hay que mejorar los salarios de los jóvenes y garantizar que puedan formar familias. Si no hay relevo generacional, el sistema no tendrá quien cotice”. Y concluyó con una advertencia contundente: “Una sociedad sin hijos no puede sostener un sistema de reparto. Si renunciamos a eso, la capitalización será inevitable”.
Miguel Ángel García Díaz: “El Pacto de Toledo ha dejado de proteger el bien común y ha roto la equidad entre generaciones”
Durante su intervención en el acto conmemorativo de los 30 años del Pacto de Toledo, el economista y exnegociador sindical Miguel Ángel García Díazdefendió el papel histórico del acuerdo en la consolidación del sistema público de pensiones, pero advirtió de que las reformas más recientes “han roto la filosofía original del pacto”. “El Pacto de Toledo ha cumplido un papel muy importante para la sociedad española durante muchos años, pero las últimas decisiones, desde 2020, han olvidado su filosofía inicial”, advirtió.
Según García Díaz, el espíritu con el que nació el Pacto de Toledo en 1995 era garantizar un sistema contributivo y de reparto sostenible, que protegiera a toda la sociedad y no solo a los pensionistas. “El Pacto no solo debía cuidar de los perceptores de pensiones, sino del bien común de toda la sociedad española”, recordó.
El experto explicó que las reformas acordadas entre 1995 y 2011 tuvieron como objetivo moderar el crecimiento del gasto ante el envejecimiento de la población, endureciendo parámetros como los años de cálculo, la edad de jubilación o la base reguladora. “Todas las reformas de ese periodo buscaron consolidar el sistema y prepararlo para la jubilación del baby boom”, afirmó.
Sin embargo, lamentó que el rumbo haya cambiado en los últimos años: “A partir de 2020 se ha apostado por mantener el ‘status quo’ de los pensionistas, incluso a costa de quebrar la equidad entre generaciones.”
García Díaz advirtió de que esta decisión tendrá un alto coste para las generaciones futuras: “Mantener este modelo implica que los jóvenes tendrán que pagar entre 3,5 y 5 puntos más del PIB en cotizaciones o impuestos. Eso reducirá su renta disponible y su capacidad de gasto.”
También subrayó que el sistema ha dejado de ser plenamente contributivo, ya que actualmente “las transferencias del Estado superan los 55.000 millones de euros, el 27% del gasto total en pensiones”.
En su análisis, el economista ilustró el desequilibrio entre el esfuerzo de los trabajadores y el nivel de protección de los pensionistas: “Las pensiones en España tienen la tasa de reemplazo más alta de la Unión Europea, un 77% frente al 44% europeo. Por cada euro aportado mediante cotizaciones, el sistema concede un 60% más en la pensión inicial.” Recordó además que la revalorización de las pensiones con el IPC en 2023 “costó 15.000 millones de euros, lo mismo que todo el gasto anual en políticas de familia y el doble que en vivienda”.
García Díaz fue claro sobre el impacto político de esta situación: “Ningún partido se atreverá a decir que va a perjudicar a los pensionistas; son diez millones de votos y seis millones más en los próximos años. Pero eso no debe hacernos olvidar que el Pacto de Toledo nació para proteger a toda la sociedad, no solo a una parte.”
Pese a sus críticas, quiso resaltar lo más positivo de estos treinta años: “El gran logro del Pacto de Toledo ha sido consolidar un sistema de reparto de amplia cobertura, garantizando su sostenibilidad durante décadas.” Y concluyó con un mensaje de advertencia y esperanza: “La sociedad española necesita información transparente y completa para decidir con conocimiento. Ojalá el Pacto de Toledo recupere su filosofía inicial: alcanzar consensos que beneficien al conjunto de la sociedad, no solo a una parte.”
Los expertos piden reforzar los tres pilares del sistema para garantizar el futuro de las pensiones
La sostenibilidad del sistema público de pensiones y la necesidad de reforzar los mecanismos de ahorro complementario centraron el debate de la primera mesa redonda del encuentro, con la participación de José Antonio Herce, Rafael Doménech y Pilar González de Frutos. Los ponentes coincidieron en que, aunque el Pacto de Toledo ha sido útil para alcanzar consensos políticos, aún quedan grandes desafíos estructurales y demográficos por afrontar.
José Antonio Herce recordó que el Pacto de Toledo “ha conseguido cosas, pero relativamente pocas en proporción a lo que se proponía”. A su juicio, “las pensiones no han salido del debate político” y el sistema “no es hoy más sostenible que en 1995”. Herce lamentó además “la ausencia de técnicos en la comisión” y apuntó que “ningún país ha copiado nuestro modelo del Pacto de Toledo”, lo que demuestra —dijo— que “hay que revisar su eficacia y aprender de experiencias internacionales”.
El economista subrayó que el futuro pasa por mantener la actual tasa de sustitución del 70-80 % “solo si se construye un sistema de tres pilares: la Seguridad Social, las pensiones de empresa y el ahorro individual”. “El primer pilar no puede soportar solo todo el peso”, advirtió, añadiendo que “el sistema no será sostenible si no se adoptan reformas estructurales más ambiciosas que las demográficas”.
Rafael Doménech, por su parte, destacó como gran logro del Pacto de Toledo “haber creado un espacio parlamentario de consenso y transparencia para debatir las pensiones”, aunque reconoció que “las últimas reformas se han alejado del espíritu original del acuerdo”. Doménech alertó de que el sistema actual “ya necesita entre tres y cuatro puntos adicionales de transferencias públicas” y que, sin nuevas reformas, “aumentará la presión fiscal o el endeudamiento”.
“Necesitamos avanzar en transparencia y en la información a los ciudadanos”, defendió. “Hoy, el sistema tiene un desequilibrio actuarial muy elevado: las personas reciben mucho más de lo que han cotizado, y sin embargo la percepción social es la contraria”. Para el economista, la solución pasa por “un sistema más autosuficiente y eficiente”, que incentive el empleo, la formación y el ahorro a largo plazo.
Desde la óptica del sector asegurador, Pilar González de Frutos recordó que “la recomendación sobre sistemas complementarios siempre ha estado en el Pacto de Toledo, pero nunca se ha integrado de verdad en el modelo”. Subrayó que el ahorro gestionado en planes de pensiones en España “no supera el 8% del PIB, frente al 32% de media europea”, y reclamó “mayor honestidad al informar a los ciudadanos sobre el nivel de ingresos que podrán esperar al jubilarse”.
La expresidenta de Unespa abogó por aplicar fórmulas de éxito internacional, como la adscripción automática de los trabajadores a planes colectivos (“auto-enrolment”), e insistió en que “es necesario incentivar fiscalmente tanto a trabajadores como a empresas”. Criticó además que “las rentas derivadas de los planes de pensiones tributen como rendimientos del trabajo y no del capital” y reclamó revisar los límites actuales de aportación, “porque con 1.500 euros al año no da ni para pagarse la peluquería de jubilada”.
En el cierre del encuentro, los tres expertos lanzaron un mensaje conjunto a los jóvenes. “La Seguridad Social nunca va a dejar de pagar pensiones, pero serán más bajas que las de sus padres”, afirmó Herce, que aconsejó “prepararse desde ya para complementarlas”. González de Frutos fue más directa: “Ahorrad, ahorrad desde el minuto uno, porque por poco que sea, la capitalización siempre ayuda”. Y Doménech resumió: “El sistema seguirá existiendo, pero necesita reformas graduales. Invertid en formación y pensad en el largo plazo”.
Reformas periódicas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España
Durante la segunda mesa redonda de la mañana, José Ignacio Conde Ruiz, presidente del Instituto Santalucía y catedrático de análisis económico en la Complutense, subrayó la importancia de “explicar bien las cuestiones y los desafíos” y de evitar catastrofismos al abordar el futuro del sistema.
Valeriano Gómez, exministro de Trabajo, calificó los 30 años del Pacto de Toledo como “positivos” y destacó que “hoy el sistema de pensiones es más sostenible que en el pasado”. Gómez señaló que las reformas deben ser graduales pero periódicas, para adaptarse a los cambios demográficos y económicos: “La sociedad y la economía evolucionan, y el sistema debe actualizarse para garantizar su viabilidad a largo plazo”.
Por su parte, Juan Carlos Aparicio, también exministro de Trabajo, puso el acento en la equidad intergeneracional y en la necesidad de vincular la sostenibilidad del sistema de pensiones a la salud económica del país: “El sistema no requiere solamente medios económicos, sino voluntad y compromiso político; tenemos que equilibrar la España activa con la pasiva para no comprometer la sostenibilidad futura”.
Los expertos coincidieron en la importancia de mantener un consenso político amplio para implementar reformas, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y cambios en el mercado laboral. Sobre medidas concretas, Gómez destacó la relevancia de un factor de sostenibilidadque incorpore la esperanza de vida, así como un sistema de revalorización de pensiones que no dependa estrictamente del IPC: “Un factor de sostenibilidad es, en mi opinión, el auténtico factor de equidad intergeneracional”.
Aparicio también advirtió sobre los riesgos de un sistema centrado únicamente en el cálculo de ingresos: “Sería bueno acompañar la reforma con medidas en el ámbito del gasto, pero esto requiere consenso dentro del gobierno y con los interlocutores sociales”.
Finalmente, los participantes reflexionaron sobre el papel de las nuevas generaciones y la importancia de fomentar la participación activa de los jóvenes en la política: “El mejor consejo a los jóvenes es que haya un verdadero relevo generacional capaz de impulsar políticas sostenibles, como se hizo durante la transición”, concluyó Gómez.
La mesa redonda dejó claro que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, la sostenibilidad y la equidad del sistema de pensiones seguirán siendo “una materia explosiva” que requerirá reformas continuas y un debate informado.
El acto ha contado con la participación del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, quien ha insistido en “la necesidad de seguir garantizando el poder adquisitivo de las pensiones. El principal factor contributivo tiene que seguir siendo, sobre todo, las cotizaciones, en una realidad donde el envejecimiento poblacional y la brecha de género son los principales problemas estructurales del sistema de pensiones, y no podemos esperar 30 años más para corregirlos”.
Suárez subrayó, además, que “conmemorar treinta años del pacto de Toledo es un acontecimiento que debe alentar al optimismo, ya que es la mejor garantía de que las reformas que vengan en el futuro vayan a preservar las cuatro dimensiones de sostenibilidad del sistema: la dimensión social, la dimensión financiera, la sostenibilidad jurídica de las reformas y la política”.