El aumento en la frecuencia y severidad de desastres naturales y de origen humano —desde inundaciones e incendios hasta ciberataques y pandemias— está poniendo en jaque los modelos tradicionales de aseguramiento y los sistemas de ayuda pública tras las crisis. Así lo concluye un nuevo informe de la Geneva Association, publicado el 5 de febrero de 2026, que analiza el papel de los programas de seguros público-privados (PPIP, por sus siglas en inglés) ante un contexto de riesgos crecientes, pérdidas no aseguradas al alza y presupuestos públicos cada vez más tensionados.
El estudio examina 14 programas de seguros público-privados existentes a partir de un marco basado en tres pilares para reducir las brechas de protección: la inversión en reducción del riesgo, el fortalecimiento de los mercados privados de seguros y el uso de los PPIP como mecanismos específicos de reparto del riesgo.
Retos estructurales de la asegurabilidad de desastres
El informe constata que, si bien muchos de estos programas han logrado estabilizar mercados o ampliar la cobertura, siguen enfrentándose a retos estructurales relevantes, como una elevada carga financiera para el sector público, el riesgo de desplazar al mercado asegurador privado y, especialmente, la falta de incentivos eficaces para la prevención y la reducción del riesgo.
Según el análisis, un programa público-privado bien diseñado debe cumplir cuatro principios básicos. En primer lugar, garantizar un acceso equitativo a la cobertura a precios asequibles; en segundo término, proteger las finanzas públicas, reservando al Estado el papel de reasegurador de último recurso; en tercer lugar, fomentar la participación del sector asegurador privado, asegurando que asuma un nivel de riesgo sostenible; y, por último, asegurar el pago ágil de los siniestros cuando se produce un evento catastrófico.
Motores de resiliencia
El director general de la Geneva Association, Jad Ariss, subraya que estos programas “no pueden limitarse a actuar como amortiguadores pasivos que solo pagan tras el desastre”. A su juicio, para seguir siendo viables en un entorno de riesgos crecientes, los PPIP deben convertirse en “motores de resiliencia”, reforzando la prevención, mejorando los incentivos para reducir la exposición al riesgo y facilitando una recuperación más rápida con menor presión sobre las cuentas públicas.
En la misma línea, Hélène Schernberg, directora de Políticas Públicas y Regulación de la institución, advierte de la complejidad y el elevado coste potencial de estos esquemas para los gobiernos. Por ello, considera imprescindible que los responsables públicos sigan un proceso de decisión estructurado que incluya la identificación rigurosa de la brecha de protección, el agotamiento previo de las medidas de reducción del riesgo y del potencial del mercado asegurador privado, la definición clara de las exposiciones que justifican la intervención pública y la explicitación del riesgo residual que el Estado está dispuesto a asumir desde un punto de vista fiscal.
El informe concluye que, sin un mayor énfasis en la prevención y en la alineación de incentivos, los programas de seguros público-privados difícilmente podrán sostenerse a largo plazo como herramientas eficaces frente a un escenario de catástrofes cada vez más frecuentes y costosas.