Casi mil mediadores andaluces en vilo, a la espera del nuevo gobierno

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V.M.Z.-Seguros Tv

Después de más de treinta años de gobiernos socialistas, el cambio de signo político en la Junta de Andalucía puede trastocar también el desarrollo de algunos sectores de la economía de la comunidad autónoma, como es el caso del sector asegurador. De acuerdo con los datos del Registro Único de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), 994 mediadores de seguros están registrados con actividad autonómica en Andalucía, por lo que dependen directamente de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública del gobierno autonómico.

De esta cifra, que representa el 1,27% de todos los profesionales de la mediación registrados en el organismo supervisor, 417 son corredores de seguros (personas físicas y jurídicas) que ejercen su actividad en alguna o varias de las siete provincias que forman parte de Andalucía. Los corredores andaluces representan, por su parte, el 8% de todos los corredores de seguros registrados en la DGSFP, de acuerdo con los datos del registro.

A los corredores de seguros y demás profesionales de la mediación que operan en el ámbito autonómico se suman las compañías de seguros que tienen su sede en la comunidad autónoma -como son los casos de Helvetia Seguros, Admiral, y Compañía de Seguros Previsión Médica, entre otras- y agencias de suscripción como Iberian Insurance Group.

La Junta de Andalucía es la responsable del “ejercicio de las funciones de ejecución que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto de los mediadores de seguros, los corredores de reaseguros, mutualidades de previsión social no integradas en la Seguridad Social y demás entidades aseguradoras y, en particular, la ordenación, supervisión y control de la actividad de las personas y entidades mencionadas, la gestión de los correspondientes registros administrativos, la inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora, así como la elaboración de informes y estudios y la propuesta de proyectos normativos en estas materias”, tal y como se explica en la definición de las competencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Hasta que el cambio de gobierno en Andalucía sea efectivo, el responsable de supervisar la actividad aseguradora en Andalucía es Fernando Casas Pascual, secretario general de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad de la Junta de Andalucía.

En los últimos años, la Junta de Andalucía se ha mantenido activa en la promulgación de leyes para proteger al consumidor de productos financieros y de seguros. Un ejemplo es la aprobación en junio de 2016 de la Ley 3/2016, de 9 de junio, que garantiza la protección de las personas consumidoras en la contratación de préstamos hipotecarios sobre la vivienda. Esta norma se adelantó a la transposición española de la Directiva Hipotecaria y establece una serie de limitaciones a la venta vinculada de seguros.

La ley andaluza establecía ya en 2016 que no puede obligarse a los consumidores “la suscripción de productos o servicios accesorios no solicitados”. Y se establece que deberá informarse expresamente y por escrito a la persona consumidora y usuaria de que “tiene derecho a que la empresa prestamista acepte la póliza de seguros de cualquier proveedor distinto del ofrecido por ésta cuando dicha póliza posea un nivel de garantía equivalente y, por último, que el coste de la contratación de estos productos o servicios accesorios con la empresa prestamista no será superior al existente para el mismo producto o servicio en el mercado”.

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