Aunque las denuncias y los juicios por ocupación ilegal de viviendas disminuyeron un 22% en 2022, los niveles aún son más altos que en 2019.
Los ocupantes suelen elegir casas vacías propiedad de bancos, debido a las penas más leves y a un procedimiento de desalojo menos ágil. Según Albert Olcina, abogado de ARAG, «la ocupación de casas vacías de bancos tiene una pena máxima de seis meses, mientras que la ocupación de viviendas particulares puede castigarse con hasta dos años de cárcel».
Cómo recuperar la vivienda
Ante una ocupación ilegal, lo primero que se debe hacer es presentar una denuncia ante la policía o solicitar su presencia en la vivienda para identificar a los ocupantes. El abogado de ARAG, Albert Olcina, explica que «si los ocupantes no pueden justificar su estancia legal en la propiedad o no responden en cinco días, el tribunal ordenará su inmediato desalojo». Este procedimiento es aplicable tanto a viviendas habituales como a segundas residencias de propietarios particulares.
Consultar a un abogado
Si no se puede proceder con el desalojo porque los ocupantes alegan que es su vivienda, Olcina sugiere «dos opciones para expulsar a los ocupantes: si la vivienda ocupada es la vivienda habitual y se presenta una denuncia inmediata, se puede optar por la vía penal, que es más rápida». Sin embargo, para otros casos, es preferible seguir la vía civil.
Importancia de la prevención
Para evitar la ocupación, es recomendable tomar medidas de seguridad en la vivienda. El abogado de ARAG destaca que «contar con un sistema de alarma es altamente recomendado, ya que cuanto antes se denuncie la ocupación, mayores serán las posibilidades de resolver rápidamente el problema». Asimismo, existen pólizas como ARAG Ocupación Ilegal que cubren los costos de abogados, procuradores e incluso las tasas judiciales para resolver el problema, los cuales, de lo contrario, recaerían en el propietario.
En resumen, si alguien se encuentra con su vivienda ocupada ilegalmente durante el verano, es fundamental presentar una denuncia o consultar a un abogado para tomar las acciones legales necesarias. ARAG recomienda tomar medidas preventivas, como instalar un sistema de alarma, para reducir el riesgo de ocupación. La pronta acción y la adecuada asesoría legal son clave para recuperar la vivienda lo más rápido posible y proteger los derechos del propietario.
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