‘Los españoles ante el fenómeno de la ocupación ilegal’, elaborado por DAS Seguros, señala que un 46% de los ciudadanos se muestra preocupado por los costes asociados al fenómeno.

Esta inquietud creciente responde a la dilatación de los procedimientos judiciales, cuyos plazos se han duplicado en los últimos cuatro años. Se sitúan en unos 10,9 meses de media para los civiles.

Ppreocupaciones ante una posible ocupación de la vivienda

• Hacer frente a los destrozos ocasionados en el inmueble (66%)
• Gastos asociados a los suministros utilizados por los ocupas (29%)
• Costes de alojamiento en una vivienda alternativa (26%)

El informe de DAS Seguros destaca que, en los dos últimos años, una de cada cuatro personas afirma que han ocupado alguna vivienda próxima a su residencia habitual. Destacan aquellas comunidades por encima del promedio como las Islas Baleares (40%), Cataluña (37%) y Canarias (35%). Según datos del Ministerio del Interior, los casos de ocupación ilegal en España han crecido más de un 45% en los últimos cinco años, alcanzando los 16.726 en 2022.

Percepciones respecto a la inseguridad jurídica

Un 46% de los españoles se muestra muy o bastante preocupado por la posibilidad de que le ocupen su vivienda, la de un familiar próximo o una vivienda en su edificio/comunidad. Las más precupadas son las mayores de 55 años (58%) y las que disponen de una segunda residencia (61%).

“La experiencia directa o indirecta de una ocupación ilegal genera un alto nivel de preocupación entre los ciudadanos y no solo de forma especial por los problemas económicos que conlleva, sino también por las consecuencias emocionales que supone una usurpación o allanamiento de morada”, explica Nàtalia Mañas, responsable de Asistencia Jurídica de DAS.

Para prevenir posibles casos de ocupación, la principal medida de seguridad tomada por los españoles es no divulgar información personal por redes sociales (52%), pedir a los vecinos que le alerten (36%), instalar sistemas de seguridad (30%) y reforzar las cerraduras en puertas y/o ventanas (30%).

“El informe confirma que la sensación de inseguridad jurídica de los propietarios ante este fenómeno es una realidad. No obstante, los actores implicados están avanzando en el desarrollo de soluciones que permitan poner coto a estas actuaciones. El desconocimiento existente relacionado con los procedimientos legales derivados de una usurpación o allanamiento y las herramientas legales al alcance de los propietarios hace que esta preocupación se acreciente. En estos casos, el asesoramiento legal continuado por parte de especialistas como DAS Seguros es clave para minimizar el impacto que puede suponer para las familias la ocupación de su propiedad” concluye Mañas.

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