El Instituto Santalucía presenta un nuevo informe sobre sostenibilidad medioambiental y finanzas. El documento se enfoca en cómo los fondos de pensiones pueden y deben incorporar los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus decisiones de inversión.
La sostenibilidad medioambiental y social
El informe profundiza en cómo la sostenibilidad no es solo un imperativo moral, sino también financiero, subrayando la creciente presión regulatoria y las expectativas de los inversores. A través de un análisis detallado del mercado, la normativa europea y el impacto del cambio climático en los activos financieros, el informe busca ofrecer herramientas para que los fondos de pensiones no solo gestionen el riesgo, sino que lideren el cambio hacia una economía más verde.
El cambio climático y su impacto en las inversiones
Uno de los aspectos más destacados del informe es el análisis de cómo los riesgos climáticos afectan al sector asegurador y, en particular, a los fondos de pensiones. Los expertos advierten que el cambio climático introduce dos tipos de riesgos principales: los riesgos físicos, que se refieren a los daños directos provocados por fenómenos climáticos extremos, y los riesgos de transición, vinculados a la adaptación a una economía baja en carbono. Ambos factores son ya determinantes para el futuro de las inversiones a nivel global.
El Instituto Santalucía recalca que los fondos de pensiones, como inversores institucionales a largo plazo, están expuestos de forma significativa a estos riesgos. Una prueba de esto es el reciente análisis de EIOPA, que en 2022 llevó a cabo la primera prueba de resistencia climática del sector de pensiones. Este ejercicio reveló una pérdida media del 12,9% en los activos de los fondos de pensiones debido a riesgos de transición climática. Esta situación subraya la urgencia de que estos fondos integren los riesgos ASG en sus decisiones estratégicas.
El informe pone de relieve que más del 90% de los fondos de pensiones europeos ya incluyen consideraciones de sostenibilidad en sus políticas de inversión. Sin embargo, solo el 14% de estos fondos han implementado pruebas de estrés que contemplen el impacto ambiental. Esta disparidad revela una brecha significativa entre la intención y la práctica, lo que pone de manifiesto la necesidad de medidas más concretas para garantizar la resiliencia frente a los desafíos ambientales y sociales del futuro.
Los fondos de pensiones como impulsores de la sostenibilidad
El Instituto destaca el papel de los fondos de pensiones en la transición hacia una economía más sostenible. No solo como gestores de riesgos, sino como actores activos que canalizan capital hacia actividades y sectores que promuevan una economía baja en carbono. Los autores del estudio subrayan que los fondos de pensiones tienen la oportunidad de liderar esta transformación, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la mejora de las condiciones sociales y de gobernanza en las empresas en las que invierten.
Laa normativa europea ha evolucionado significativamente para apoyar este cambio. El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) es uno de los marcos legales que establece cómo los gestores de activos, incluidos los fondos de pensiones, deben divulgar la información sobre cómo integran los criterios ASG en sus inversiones. Esta normativa clasifica los productos financieros según su grado de compromiso con la sostenibilidad, imponiendo mayores exigencias de transparencia a aquellos que buscan fomentar inversiones verdes.
También te puede interesar:
- El sistema de pensiones en España: análisis intrageneracional y desafíos de sostenibilidad
- Instituto Santalucía reclama mayor transparencia sobre la situación actual del sistema de pensiones