
El Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA) ha calificado como positiva y necesaria la denominada “palanca fiscal” propuesta por el Gobierno para los llamados Contratos Covid y ha solicitado públicamente el apoyo del Partido Popular para su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.
Según el organismo, esta medida beneficiaría tanto a propietarios como a inquilinos y permitiría mitigar el impacto que tendrá el vencimiento, durante 2026 y 2027, de cerca de 1,28 millones de contratos de alquiler firmados durante la pandemia, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Una medida para evitar subidas de hasta el 50% y desalojos masivos
OESA, principal portavoz del sector del seguro de alquiler en España, sostiene que la palanca fiscal permitiría a los arrendadores mantener o incluso reducir el precio del alquiler sin perder ingresos, gracias a una bonificación en el IRPF que alcanzaría:
- el 90%, si se congela el precio del contrato,
- y el 100%, si se rebaja la renta.
De este modo, los inquilinos podrían continuar en sus viviendas sin verse obligados a buscar nuevos alquileres en un mercado donde los precios han aumentado más de un 50% en los últimos cinco años, mientras que los propietarios evitarían dejar los inmuebles vacíos o asumir costes adicionales.
Llamamiento del OESA a un pacto de Estado entre PSOE y PP
Desde OESA insisten en que la magnitud del problema exige un acuerdo político amplio. La organización recuerda que ya advirtió hace casi dos años de que, sin un pacto entre los dos grandes partidos, el problema del alquiler se prolongará durante al menos una década.
“El único camino para resolver los problemas de vivienda, especialmente los del alquiler, es un pacto de Estado a largo plazo en el que, además de PSOE y PP, participen expertos en vivienda, suelo y mercado del alquiler”, afirma el presidente de OESA, Javier Íscar, quien advierte de que, de no alcanzarse, “el acceso a la vivienda se agravará notablemente en los próximos diez años”.
La entidad considera que el respaldo del PP es imprescindible para sacar adelante el real decreto, dada la oposición de los partidos situados a la izquierda del PSOE.
Riesgo de colapso judicial y mayor inseguridad jurídica
OESA también alerta de que, si no se alcanza un acuerdo, aumentará la conflictividad y se saturarán aún más los juzgados, ya tensionados por:
- la aplicación del requisito de procedibilidad de la Ley de Eficiencia Procesal (MASC),
- y la puesta en marcha de los nuevos Juzgados de Instancia.
Según el Observatorio, los plazos para ejecutar lanzamientos o desahucios superan en muchos casos los 18 meses, lo que incrementa la sensación de inseguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos.
Beneficios económicos concretos para los propietarios
OESA ha puesto ejemplos prácticos del impacto de la medida:
- Para una vivienda con un alquiler de 1.500 euros mensuales, la congelación del precio supondría una reducción anual de ingresos de 1.380 euros, compensada por la estabilidad del inquilino y la ausencia de periodos sin rentas.
- En el caso de un alquiler de 3.000 euros mensuales, el propietario podría incluso incrementar sus ingresos en 6.516 euros gracias a la bonificación fiscal.
Además, recuerdan que el propio PP contempla un instrumento similar en su proyecto de Ley de Vivienda, con una bonificación del 75% en el IRPF para propietarios que incorporen al mercado viviendas vacías durante dos años o más.
El seguro de alquiler, pieza clave en la estabilidad del mercado
Para OESA, la palanca fiscal aplicada a los Contratos Covid constituye una solución práctica ante una situación excepcional, que protege al propietario, fideliza a inquilinos solventes y reduce la presión sobre el sistema judicial y el mercado inmobiliario.
Por ello, el organismo insiste en que su aprobación con el respaldo del PP sería un primer paso realista para abordar uno de los principales problemas estructurales de la vivienda en España.