El debate sobre la reforma del sistema público de pensiones en España ha entrado en una nueva fase. El Instituto de Actuarios de España (IAE) considera que la cuestión ya no es si el modelo necesita cambios, sino qué alternativas son realmente viables desde un punto de vista técnico, financiero y social.
Así lo recoge el último informe elaborado por el Observatorio Actuarial de Previsión Social del IAE, en el que se analizan distintas opciones de reforma estructural del sistema contributivo español y se concluye que las cuentas nocionales y los modelos mixtos aparecen como las fórmulas con mayor potencial para garantizar la sostenibilidad futura.
Las cuentas nocionales ganan peso en el debate sobre las pensiones
El estudio evalúa cuatro posibles modelos de reforma: la transición a un sistema de capitalización total, la implantación de un sistema de puntos, las cuentas nocionales y diferentes sistemas mixtos.
Entre todas las alternativas, el Instituto de Actuarios destaca especialmente las ventajas de las cuentas nocionales, un mecanismo que mantiene el esquema de reparto actual pero introduce cuentas individuales virtuales donde se registran las cotizaciones de cada trabajador.
Estas aportaciones se revalorizan en función de variables económicas y demográficas y, al llegar la jubilación, el saldo acumulado se transforma en una pensión ajustada a la esperanza de vida.
Según el IAE, este modelo permitiría mejorar la sostenibilidad financiera del sistema, aumentar la transparencia y reducir la discrecionalidad política en las decisiones sobre pensiones.
Suecia, el ejemplo que mira España
El informe pone como referencia el modelo sueco, basado en un sistema mixto en el que el 84% de las cotizaciones se destina a cuentas nocionales y el 16% restante a capitalización.
Para los actuarios, este esquema ha demostrado una elevada capacidad de adaptación tras afrontar desafíos demográficos similares a los de España y podría servir como base para futuras reformas.
“El siguiente paso es analizar con rigor qué alternativas son realmente aplicables en España. No todas lo son”, explica Gregorio Gil de Rozas, director del Observatorio Actuarial de Previsión Social del IAE.
La capitalización total, prácticamente inviable
Uno de los aspectos más contundentes del informe es el rechazo técnico a una transición completa hacia un sistema de capitalización total.
El Instituto de Actuarios considera que el elevado volumen de compromisos acumulados del actual modelo de reparto hace prácticamente imposible asumir ese cambio.
La denominada deuda implícita del sistema español asciende, según las estimaciones del estudio, a unos 8 billones de euros. En términos ilustrativos, esto supondría que cada ciudadano adulto tendría que asumir un coste cercano a 9.000 euros anuales de forma vitalicia para financiar la transición.
Ajustes automáticos para evitar desequilibrios
Otro de los elementos centrales del informe es la necesidad de introducir mecanismos automáticos de ajuste ligados a la evolución demográfica y económica.
Enrique Devesa, coordinador técnico del Observatorio Actuarial de Previsión Social del IAE, subraya que uno de los principales retos consiste precisamente en evitar la acumulación de desequilibrios estructurales a largo plazo.
El sistema de cuentas nocionales incorpora este tipo de ajustes de manera automática al vincular las prestaciones futuras a factores como la esperanza de vida o el crecimiento económico.
Impacto desigual según los colectivos
El Instituto de Actuarios también advierte de que cualquier reforma tendrá efectos diferentes entre generaciones y perfiles laborales.
Según el análisis, las cuentas nocionales tenderían a favorecer a trabajadores con carreras largas o salarios más bajos, mientras que reducirían la generosidad relativa de las prestaciones más elevadas.
Para Robert Meneu, coordinador técnico del Observatorio, la legitimidad de cualquier reforma dependerá en gran medida de cómo se distribuyan los esfuerzos entre colectivos y generaciones.
El IAE reclama consenso y criterios técnicos
El informe concluye recordando que la decisión final corresponde al poder legislativo, aunque insiste en la necesidad de que cualquier reforma futura se apoye en criterios técnicos sólidos, transparencia y el mayor consenso político y social posible.
Desde el Instituto de Actuarios defienden además el papel de la institución como órgano técnico independiente al servicio del debate público sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.