La aprobación del reglamento de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se ha convertido en una prioridad para las organizaciones de mutualistas. La Mutualidad de Procuradores reclama al Gobierno que apruebe el real decreto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que Mutualistas por el Futuro (MxF) pide que el desarrollo normativo tenga en cuenta las distintas opciones de los profesionales y garantice tanto los derechos de quienes se trasladen al sistema público como los de quienes decidan permanecer en sus mutualidades.
La Ley 2/2026, en vigor desde el 1 de agosto, concedió al Ejecutivo un plazo de tres meses para desarrollar el mecanismo que permitirá a los mutualistas trasladar sus derechos económicos al RETA. El reglamento debe establecer cómo se transferirán los fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social y cómo se convertirán las aportaciones realizadas en periodos cotizados. El plazo vence a finales de octubre y, según la Mutualidad de Procuradores, el proyecto todavía debe superar el trámite de audiencia pública y el dictamen del Consejo de Estado.
La entidad considera que aún existe margen para aprobar la norma antes de las elecciones mediante la tramitación urgente. Por ello, reclama que el Gobierno impulse el procedimiento y que el cambio de ciclo político no retrase el desarrollo de una ley ya aprobada por las Cortes.
«Los mutualistas necesitan certidumbre. Pedimos al Gobierno actual, y al que salga de las urnas, que el reglamento de la pasarela al RETA se trate como una cuestión de Estado y no se vea afectado por el cambio de ciclo político», señalan desde la Mutualidad de Procuradores.
Un reglamento que debe contemplar todas las opciones
Por su parte, Mutualistas por el Futuro defiende que la regulación debe responder a la diversidad de situaciones dentro del colectivo. Ante la manifestación convocada en Madrid el 17 de octubre, la asociación ha expresado su respeto al derecho de movilización de los mutualistas y ha insistido en que el diálogo debe incluir tanto a quienes desean acogerse a la pasarela como a quienes prefieren continuar en alguna mutualidad.
La organización sostiene que el desarrollo reglamentario debe ser coherente con la ley y garantizar un procedimiento de traslado ordenado y jurídicamente seguro. A su juicio, la libertad de elección requiere que los profesionales dispongan de información suficiente para valorar las consecuencias económicas de cada alternativa.
Uno de los aspectos que considera prioritarios es el tratamiento del capital individual que pudiera quedar después de la conversión de las aportaciones y del capital colectivo de las mutualidades. MxF reclama que ambos conceptos se delimiten de forma expresa para determinar qué corresponde a cada mutualista y preservar los recursos comunes.
«El capital individual que pudiera sobrar tras la conversión y, sobre todo, el capital colectivo requieren un tratamiento diferenciado. La norma debe delimitar ambos y establecer qué corresponde a cada mutualista», señalan desde la asociación.
Esta protección, añade MxF, resulta necesaria para mantener la estabilidad de las mutualidades y salvaguardar los derechos económicos de quienes decidan permanecer en ellas. La asociación ya trasladó esta posición en la reunión convocada por el Consejo General de la Abogacía Española en septiembre.
La incertidumbre afecta especialmente a los profesionales próximos a la jubilación
La Mutualidad de Procuradores recuerda que la reivindicación de la pasarela lleva más de tres años sobre la mesa y afecta a más de 150.000 profesionales. Entre los más expuestos a la falta de desarrollo reglamentario se encuentran quienes están próximos a la jubilación, ya que todavía desconocen cómo se materializará el traslado de sus fondos al sistema público y no pueden valorar con información definitiva si les conviene acogerse al mecanismo.
La entidad advierte también de que, aunque la disolución de las Cortes no impide al Gobierno aprobar reglamentos, la situación de interinidad posterior a las elecciones podría ralentizar la coordinación entre ministerios y la emisión de los dictámenes preceptivos. Si la norma no se aprueba antes del 29 de noviembre, no decaería, pero su tramitación podría quedar pendiente hasta la formación del nuevo Ejecutivo.
Ambas organizaciones coinciden, desde perspectivas complementarias, en reclamar un marco normativo que aporte claridad a los mutualistas. La prioridad es que el reglamento permita aplicar la pasarela prevista en la Ley 2/2026 con garantías jurídicas y económicas, sin dejar desprotegidos ni a quienes opten por el RETA ni a quienes permanezcan en el sistema mutualista.