Según el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre Divorcios, Separaciones y Nulidades matrimoniales (2009 – 2018), el cuarto trimestre del año, tras las vacaciones estivales, registra por norma general un número más elevado de rupturas matrimoniales. Por otra parte, según el Informe de Evolución de la Familia en Europa de 2018, del Instituto de Política Familiar, España encabeza el ranking de rupturas familiares entre los países europeos durante los últimos 35 años, seguido de cerca por Italia y Alemania.
El divorcio exprés
Como explican los expertos legales de Das Seguros, el divorcio exprés agiliza el procedimiento de tal forma que permite casarse en mayo y estar divorciado en septiembre. Este término se popularizó con la Ley 15/2005, que modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. A partir de entonces, dejó de ser necesario separarse legalmente para proceder luego al divorcio. Ahora es posible divorciarse con la única condición de que hayan pasado tres meses desde la boda. También se ha suprimido el anterior requisito de alegar una causa o motivo para la separación.
Más adelante se introdujo la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que permite a los cónyuges separarse de forma amistosa sin la intervención de un Juez, siempre que el matrimonio no tenga hijos menores de edad. La ruptura se formaliza a través de un notario, lo que reduce de forma notable los costes. Tal como explican desde Das Seguros, lo ideal es contar, además, con un abogado que asesore a la pareja y redacte el convenio regulador.
De acuerdo con los expertos, esta opción resulta la más rápida, fácil y económica, ya que, agiliza los trámites y evita los costes añadidos de los trámites convencionales; con un precio que suele oscilar entre 100 y 300€ por cónyuge.
Sin embargo, no todos los divorcios pueden ser exprés. Según Das Seguros, la controversia habitual es la no existencia del acuerdo amistoso entre las partes, por lo que un gran número de rupturas deriva en un procedimiento contencioso que requiere de la intervención de un Juez, situación que se convierte un proceso más largo y costoso.