Hiscox y el diario Expansión han organizado la mesa de debate “El ciberriesgo en el sector industrial”, al que han asistido algunas de las entidades públicas y privadas más importantes del ecosistema industrial español. Durante el debate se han analizado cuales son los principales retos a los que se enfrentan, qué medidas se están llevando a cabo, o cuales son las novedades del marco normativo.
Al encuentro han asistido portavoces y representantes del Centro de Ciberseguridad Indsutrial (CCI), Centro Vasco de Ciberseguridad, Ferrovial, Iberdrola, Incibe, Ingecom, ITS Security y Red Eléctrica. El debate ha sido dirigido por Manuel del Pozo, director adjunto de Expansión, y ha contado con la participación de Alan Abreu, responsable de riesgos cibernéticos de Hiscox.
“La responsabilidad de Hiscox hacia el sector empresarial va más allá de ofrecer las mejores soluciones aseguradoras y servicios complementarios. Nuestra estrategia también pasa por desarrollar un programa de concienciación y crear foros de debate donde los protagonistas del ecosistema de la ciberseguridad podamos exponer nuestra visión y conocer las propuestas que se están llevando a cabo. En este contexto de transformación digital y nuevos riesgos cibernéticos, tanto Hiscox como el sector del seguro deben tener un papel clave”, ha comentado Alan Abreu.
Durante la jornada se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la ciberseguridad entre en los consejos de administración de las empresas, en generar sensibilización en las personas que forman parte de las compañías, sobre todo aquellas que desempeñan su labor en puestos críticos, y en como la transformación digital se está produciendo a dos velocidades: mientras que la adopción tecnológica se realiza de manera exponencial, la cultura de la ciberseguridad se desarrolla a menor velocidad. Además, se ha analizado la alta demanda de profesionales expertos así como la necesidad de capacitación de todos los eslabones de la compañía.
Respecto al papel de la administración, se ha puesto en valor la autorregulación de las compañías frente a una normativa que limite la actividad de las empresas, mientras que se ha exigido un mayor compromiso financiero, por parte de los organismos públicos, para desarrollar soluciones de seguridad cibernética que ayuden al tejido empresarial español en su transformación a esta nueva economía digital.