Willis Towers Watson analiza los últimos datos de la Seguridad Social acerca de la ejecución presupuestaria a diciembre de 2018. Esta información se ha relacionado con el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) adelantado para el año 2019, que se estima en -2,13%.
Aunque el IRP adelantado mejora el de 2018 (-3,02% del año pasado y -2,13% actual), la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones preocupa a los expertos. A ello se suma que para el presente año se espera una creciente ralentización en los ingresos, lo que provocará que el déficit contributivo de la Seguridad Social en 2019 se resienta en términos absolutos. Probablemente sí que lo haga en términos de PIB, dependiendo del comportamiento final de las cotizaciones.
Déficit contributivo
Como señala el informe provisional hecho público por la Administración, el déficit contributivo en 2018 se situó en 19.563 millones de euros (1,62% del PIB) con un ligero aumento en términos absolutos respecto al déficit de 2017 que se situaba en 19.289 millones de euros (1,65% del PIB). Este déficit es el resultado de unos ingresos contributivos de 116.172 millones de euros y unos gastos contributivos de 135.735 millones de euros.
“Observando el apartado de pensiones contributivas se comprueba que estas representan el 89,4% del gasto contributivo. El crecimiento de esta partida ha sido más de 1,3 puntos superior que en 2017 (+4,71% en 2018 frente a +3,35% en 2017) debido a la nueva revalorización de las pensiones (+1,6%) que ha abandonado el límite inferior del IRP. En 2018 se ha mantenido el crecimiento”, ha explicado Javier González Gugel, director de Desarrollo de Negocio de Pensiones, de Willis Towers Watson.
“La moderación en el crecimiento de los gastos contributivos se verá frenada por la revalorización de las pensiones del 1,6% en 2019, el aumento de las pensiones de viudedad del 56% al 60% de la base reguladora y la compensación del 0,1% de la revalorización de 2018”, ha analizado González Gugel.
Como afirman los especialistas, “el sistema necesita corregir de manera urgente el abultado déficit contributivo que arrastra desde hace varios años y que seguirá registrando en los próximos incluso en un escenario de crecimiento económico y de creación de empleo”. Las soluciones que se vislumbran para contrarrestar este déficit se relacionan más con los ingresos que con la reducción del gasto (debido a los efectos políticos que estos últimos generan).
Financiación del déficit contributivo
Está previsto que la financiación del déficit contributivo sea a través del recurso del fondo de reserva (3.693 millones según el proyecto no aprobado de presupuestos de 2019), de una nueva trasferencia del Estado no ligada a gastos no contributivos (850 millones) y de un nuevo préstamo del Estado (15.164 millones). Este último mecanismo de financiación del déficit supone emitir deuda pública que tendrán que devolver las próximas generaciones, por lo que sería recomendable no abusar de este recurso.
El pasado año se decidió abandonar provisionalmente para 2018 y 2019 la aplicación del IRP. Los técnicos apuntan a que en la próxima legislatura esa suspensión se convierta en derogación y vuelta al IPC como método de revalorización.
Los investigadores se muestran partidarios de seguir calculando el IRP como indicador de referencia y luego establecer límites mínimos y máximos en su aplicación vinculados al IPC. “En caso de abandonar totalmente el IRP, la revalorización con el IPC debería modularse teniendo en cuenta variables últimas del sistema de pensiones, como ingresos y gastos contributivos, mejor que variables intermedias, como número de cotizantes, número de pensionistas; o variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB”, concluye Gugel.
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