ARAG muestra en un caso práctico la importancia de contar con un seguro de Defensa Jurídica para reclamar casos en los que, sin póliza, el afectado acabaría por no actuar ante el alto coste y ante la posibilidad de perder el asunto y tener que pagar, además, las costas.
La compañía utiliza el ejemplo de una reclamación de daños de una vivienda en Barcelona por obras en el piso colindante. Los desperfectos han hecho que se reclamen 6.000€ y el resultado ha sido favorable al cliente, así que ha ganado el pleito.
Defensa jurídica sin seguro
Si no contamos con ningún seguro que nos proteja y, según baremos profesionales, los costes aproximados serían los siguientes: si se gana sin necesidad de ejecución, que se realiza cuando el condenado en la sentencia no cumple con lo que le ha impuesto, el abogado nos costaría unos 820 euros y el procurador 165.
Además, haciendo media de lo que pueden llegar a costar, deberíamos pagar unos 60 euros al notario y 900 euros al perito. Suman un total de 1.945 euros a los que se deberían añadir 525 si finalmente sí debe llevarse a cabo la ejecución. En total estaríamos hablando de 2.470 euros de gastos para una reclamación de 6.000, con lo que finalmente el afectado recuperaría poco más de la mitad de lo que se pedía en un principio.
Defensa jurídica con seguro
“Todo cambia si tenemos un seguro como los que ofrece ARAG”. La compañía explica que estas pólizas cuestan, de media, unos 100 euros al año y el tipo de gastos mostrados en el ejemplo quedan completamente cubiertos (abogados, procurador, notario y perito), por lo que no habría ningún gasto adicional por parte del asegurado. Eso permite al asegurado despreocuparse del dinero que pueda costar y centrarse en aquello que quiere reclamar.
Esto hace que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos legales, independientemente de su situación económica, en línea con el principio fundacional de ARAG. Cabe destacar que hay muchos otros supuestos que quedarían cubiertos por la póliza, por lo que finalmente el asegurado podría llegar a beneficiarse de más de una reclamación en el mismo periodo anual para casos tan diversos como problemas de consumo, reclamaciones laborales o la revisión y redacción de documentos y contratos. Actualmente, en ARAG hay activas casi 30.000 pólizas de defensa jurídica familiar y son ya alrededor de 75.000 asegurados que se benefician de sus ventajas.
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