ASPE muestra su desconcierto ante las propuestas en materia sanitaria incluidas en el acuerdo del gobierno de coalición PSOE-Sumar.
Las medidas vertidas en el mencionado acuerdo tendrán un alto coste en materia sanitaria para el ciudadano, fundamentalmente en tres ejes:
- Aprobación de Ley de Equidad y su consecuencia directa en la ausencia de colaboración público-privada.
- Inviabilidad práctica de llevarse a efecto el anuncio de “acabar con las listas de espera con una ley de tiempos máximos”.
- Reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y cómo repercutiría en la necesidad de aumentar las plantillas en las empresas sanitarias en un escenario generalizado de escasez manifiesta de personal sanitario.
Ley de Equidad: limitación de las competencias de gestión de las CCAA
El sector ha mostrado siempre una posición favorable a que una posible Ley de Equidad permitiera la ampliación de derechos del ciudadano para obtener un sistema sanitario más cohesionado y equitativo. Está a favor de medidas como la mejora en la equidad de la oferta de servicios o en los tiempos de acceso. La exclusión de la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud supondría una temeridad injustificada y demuestra un grave desconocimiento de la realidad sanitaria del país.
ASPE muestra su recelo a lo relativo a la excepcionalidad de uso de conciertos público-privados por numerosas razones. Por un lado, supondría un gasto de más de 2.700 millones cada año adicionales a la sanidad pública. La colaboración supone, como mínimo, un ahorro del 50% para las arcas públicas respecto a los precios con los que trabaja la sanidad pública.
En la actual situación de crisis de atención sanitaria, puede conducir a un riesgo de fallo sistémico de la sanidad pública, al no disponerse de medidas alternativas a la infraestructura y apoyo del sector privado en numerosas CCAA que requieren recursos flexibles.
Esa hipotética ley provocaría una limitación de los modelos públicos de gestión y un conflicto competencial que podría alcanzar el Tribunal Constitucional. Se estaría limitando a las CCAA en su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual.
La pretensión de aprobar la Ley de Equidad implicaría la derogación de la Ley de Formas de Gestión 15/1997 para revertir los conciertos de salud solo sustentada en razones ideológicas y que ignoran totalmente criterios objetivos que miden, en base a las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud.
Contexto de listas de espera inasumibles
Como resultado de lo anterior, el sector considera improbable el objetivo declarado en el anuncio de PSOE-Sumar de acabar con las listas de espera sin contar con la sanidad privada en un posible nueva legislatura del Gobierno de coalición. De hecho, desde la democracia, ninguna CCAA ha podido gestionar el sistema de salud prescindiendo de forma absoluta de la colaboración de la sanidad privada, tanto por su flexibilidad como por el coste.
El escenario que vive la sanidad pública actualmente es alarmante y no caben los anuncios publicitarios cuando las listas de espera no corrigen a la baja aun contando, si bien muy por debajo de sus capacidades, con recursos estratégicos, flexibles y competitivos como aporta la sanidad privada, con el 56% de hospitales, el 31% de camas del sistema o el 36% de los quirófanos.
Por tanto, es perfectamente deducible, en un escenario de aplicación de la Ley de Equidad, sin posibilidad de haber conciertos, que los datos declarados por Sanidad en diciembre de 2022, con 793.521 personas esperando para una intervención quirúrgica, un 12% más que el año anterior, aumentarían aún más.
Reducción de jornada laboral en un contexto de escasez de personal sanitario
El pacto para la legislatura también contempla la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Afectaría gravemente al sector sanitario. En el conjunto del tejido empresarial en todo el territorio habría serios contratiempos para atender el volumen del servicio que presta la sanidad privada. Una reducción de la jornada llevaría forzosamente a incrementar las necesidades de personal.
Esta situación se daría cuando existe un grave déficit de profesionales sanitarios, tanto en medicina como en enfermería. No se han tenido en cuenta las numerosas medidas propuestas por el sector (mejora de incompatibilidades, adaptación de competencias profesionales, participación en el sistema MIR u homologación de extracomunitarios).
La situación no tiene visos de mejora sin medidas urgentes que permitan mitigar el problema a corto plazo, por lo que esta legislación laboral provocaría una enorme adversidad para el sector.
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