La iniciativa, impulsada por Fundación Axa y la Sexta, ha contado con más de 100.000 firmas de apoyo
Constantes y Vitales, acción impulsada de la Fundación AXA y la Sexta, consigue un nuevo hito. El año pasado lanzó una iniciativa para instar a las administraciones a la instalación de desfibriladores en lugares públicos, y que fue respaldada por más de 100.000 firmas de ciudadanos. Ahora, la Comunidad de Madrid acaba de aprobar el decreto definitivo que regula su uso e instalación fuera del ámbito sanitario, así como su registro por parte de la Consejería de Sanidad.
La iniciativa, avalada por el comité de expertos de la campaña de laSexta y Fundación AXA (http://compromiso.atresmedia.com/constantes-vitales/comite-expertos/) ha sido clave para propiciar su instalación y conseguir la aprobación de esta normativa.
La campaña de desfibriladores ha tenido una intensa y continuada presencia en pantalla y los programas de la cadena se han volcado en difundir la iniciativa. Las distintas ediciones de laSextaNoticias informarán de la nueva normativa aprobada por la Comunidad de Madrid. Entre otros testimonios contarán con el de Josep Brugada, miembro del comité de expertos de Constantes y Vitales y especialista en cardiología (consultor senior del servicio de cardiología del Hospital Clínic de Barcelona, jefe de la sección de arritmias del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu y ex presidente de la Sociedad Europea de Arritmias Cardíacas).
De esta forma, la Comunidad de Madrid se convertirá en región cardioprotegida, lo que supone la instalación de desfibriladores automáticos o semiautomáticos en los grandes establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de autobuses y ferrocarril en poblaciones de más de 50.000 habitantes; y en las estaciones de metro, ferrocarril y autobús con una afluencia media diaria igual o superior a 1.000 personas.
La administración regional colocará alrededor de 2.100 desfibriladores en los centros e instalaciones dependientes de las distintas consejerías. Cada aparato tiene un coste de unos 800 euros, por lo que la Comunidad de Madrid destinará en torno a 1,6 millones para ofrecer cardioprotección a sus ciudadanos, trabajadores y usuarios.
Así, también los establecimientos públicos, con un aforo igual o superior a 2.000 personas, y los establecimientos dependientes de las administraciones públicas en poblaciones de más de 50.000 habitantes o con una afluencia media diaria igual o superior a 1.000 usuarios contarán con estos aparatos específicos, según la nueva normativa.
Igualmente, tendrán que tener desfibrilador las instalaciones, centros o complejos deportivos en los que el número de usuarios diarios sea igual o superior a 500 personas, los centros educativos, los centros de trabajo con más de 250 trabajadores, los establecimientos hoteleros con más de 100 plazas y los centros residenciales de mayores de más de 200 plazas.
Los desfibriladores externos se podrán utilizar por el personal sanitario y los técnicos en emergencias sanitarias. No obstante, en el caso de que no se encuentre ningún profesional de estos colectivos y, con el objetivo de aumentar las posibilidades de supervivencia, cualquier ciudadano podrá hacer uso de un desfibrilador automático siguiendo sus instrucciones, tras haber contactado, previamente, con los servicios de emergencias a través del teléfono 112.
Los servicios de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid registraron en 2016 un total de 1.351 paradas cardiorrespiratorias en la región fuera del ámbito hospitalario, lo que pone de manifiesto la necesidad del uso de este tipo de dispositivos por parte de los madrileños.
Cada año fallecen 30.000 personas en España por paradas cardiorrespiratorias, siendo la principal causa de mortalidad en nuestro país. Actuar con un desfibrilador en los primeros cinco minutos aumenta hasta un 70% las probabilidades de supervivencia.
Si hubiera un desfibrilador al lado de cada extintor se salvarían más de 4.000 vidas cada año, según palabras de Rubén Campo, experto en cardioprotección y fundador de la principal distribuidora de desfibriladores en España, el Proyecto Salvavidas.