El Instituto de Estudios Económicos ha presentado el informe titulado ¿Deben bajar o subir los impuestos en España?, realizado por José Luis Feito, presidente de dicha institución.
El documento de trabajo responde a esta pregunta, señalando que los planteamientos desde posiciones de izquierda que utilizan como criterio básico la comparación de nuestros ingresos impositivos en términos de PIB con los de la media de la UE, incluso con los de los países más ricos de la Unión, no tiene justificación teórica alguna. Tal comparación olvida que nuestra renta per cápita es inferior a la suya. Esto explica, en parte, la diferencia significativa entre los ingresos impositivos en España (33,3% del PIB) y los de la media de la UE (38,9% del PIB).
Sería un sinsentido intentar converger con los niveles impositivos de países más ricos que el nuestro antes de conseguir la convergencia con su renta per cápita. Estas diferencias, por otro lado, son más acusadas en unos impuestos que en otros. Nuestra presión impositiva, tanto en términos de PIB como en términos de tipos impositivos implícitos o efectivos, es especialmente baja en comparación con la de la UE en el ámbito de la imposición indirecta sobre el consumo y en la imposición directa sobre el trabajo, mientras que es sensiblemente más elevada que la media de la UE en el ámbito de la imposición sobre el capital. Estos datos son silenciados por quienes se apoyan en la evidencia comparativa con la UE para proponer subidas de impuestos que, en realidad, deberían bajar o, en todo caso, no subir; y bajadas de impuestos y tasas o precios públicos que deberían subir en lugar de bajar.
En cualquier caso, lo que se debe hacer con los impuestos no se puede guiar por la mera comparación con un conjunto de países que son más ricos que nosotros y tienen una realidad económica diferente a la nuestra. El criterio adecuado para guiar la política impositiva debe ser la contribución de dicha política a la corrección de los desequilibrios de nuestra economía.
El primer desequilibrio de nuestra economía, por llamarlo así, el hecho diferencial que debemos aspirar a eliminar y que ha de constituir el principio rector de toda nuestra política económica, es la diferencia entre nuestra renta per cápita y la media de la UE. España tiene una renta per cápita inferior en un 8% a la media de la UE y en más de un 25% a la de los países más avanzados de dicho conjunto. El segundo desequilibrio de nuestro país es el elevado desempleo frente a la media de la UE (y de la OCDE), consecuencia de una tasa de empleo muy baja y sustancialmente inferior a la de la mayoría de los otros países. El tercer desequilibrio es la elevada deuda externa neta de nuestra economía, la tercera más elevada de la eurozona. Por último, y en parte subsumido en el desequilibrio anterior, está el alto endeudamiento público y déficit público de nuestro país.
Para fomentar el crecimiento de nuestra productividad y PIB per cápita, acercándolos a los niveles de los países más ricos que nosotros, es necesario mantener un alto ritmo de inversión en capital fijo. Sólo así, además, será posible sustentar crecimientos salariales que no dañen la competitividad exterior y el aumento del empleo, aumento que será tanto mayor cuanto menores sean las cotizaciones sociales. Para intensificar la inversión sería deseable reducir el impuesto de sociedades, algo que están haciendo, y seguirán haciéndolo, los países con los que competimos por los flujos de inversión internacional.
La reducción de la deuda externa neta, por su parte, exige conciliar el crecimiento económico con el superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente, lo que, a su vez, requiere que el ahorro agregado supere la inversión. Para conseguir niveles de ahorro que superen los ritmos de inversión necesarios para alcanzar ritmos satisfactorios de crecimiento del PIB y del empleo es imperativo fomentar el ahorro privado y reducir el déficit público. La política impositiva adecuada para estos fines pasa, además de reducir la carga impositiva sobre sociedades, por reducir las cotizaciones a la Seguridad Social y rebajar la tributación del ahorro (los impuestos sobre las plusvalías y rendimientos del capital y sobre el patrimonio).
Para que la disminución de las cotizaciones sociales y la de los impuestos sobre el ahorro sean compatibles con la reducción del déficit y del endeudamiento público, empero, es necesario acompañarlas de una subida de las tasas y precios públicos (tarificando la red de autovías), así como de subidas de los impuestos con un aumento del tipo efectivo del IVA. Esta combinación impositiva acarrearía un notable aumento de la recaudación porque lo que se puede perder por las bajadas es inferior a lo que se ganaría con las subidas. Esto es así no sólo porque la pérdida potencial de recaudación de las bajadas es muy inferior a las ganancias potenciales de las subidas, sino también porque las bases tributarias sobre las que actuarían las subidas de impuestos o precios públicos son mucho más inelásticas que las bases tributarias sobre las que actuarían las bajadas impositivas. Pero, sobre todo, por el impacto expansivo que dicha combinación impositiva tendría sobre el crecimiento del PIB y del empleo.
Es habitual criticar este tipo de política impositiva por su regresividad, porque supuestamente desplaza una mayor proporción de la carga impositiva hacia los grupos de menor renta. Esto es una visión estática y equivocada. Los ciudadanos de rentas medias o bajas se ven mucho más perjudicados por políticas impositivas “progresivas” que lastran el crecimiento de su renta, de sus niveles salariales y de empleo, que por políticas impositivas que, en su conjunto, fomentan el crecimiento de la renta nacional, de los salarios y del empleo.
El nivel de transferencias públicas actuales sólo se puede garantizar mediante un aumento de los ingresos públicos que permitan cerrar el déficit público y reducir la deuda pública. Este aumento es imposible de conseguir a través de subidas de la imposición directa.
En resumen, ¿tienen que bajar o subir los impuestos en España? Algunos, los impuestos sobre la inversión empresarial (el impuesto de sociedades), los impuestos sobre el empleo y los salarios de los trabajadores (las cotizaciones sociales) y sobre el ahorro (los impuestos sobre el patrimonio y sobre los rendimientos de capital) deben bajar. Otros (las tasas y precios públicos y algunos impuestos especiales, así como los tipos del IVA sobre algunos bienes y servicios) deben subir. Otros países, la mayoría de la UE, lo han llevado a cabo.