La Asociación Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) han presentado el Manifiesto sobre la Directiva CER: Compromisos y Aportaciones, un documento con el que reclaman elevar la resiliencia frente a crisis en los servicios esenciales a política de Estado, con el objetivo de anticipar riesgos, proteger a la población y garantizar la continuidad de infraestructuras críticas.
El acto, celebrado en Madrid, contó con la participación de María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España; Pedro Tomey, presidente del Cluster Catástrofes; Roberto Hernández, director de Siniestros de Zurich; y José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil.
La iniciativa se enmarca en la Directiva Europea 2022/2557 sobre resiliencia de entidades críticas (CER), que busca reforzar la protección de infraestructuras y servicios esenciales frente a amenazas cada vez más complejas.
De la norma a la resiliencia efectiva
Durante la presentación, María Cruz Díaz destacó el papel del Instituto de la Ingeniería como espacio de colaboración técnica para impulsar la resiliencia en España. Según explicó, el objetivo del manifiesto es avanzar desde el marco normativo hacia una aplicación real y efectiva de las medidas de resiliencia.
“El Instituto es un punto de encuentro para desarrollar guías técnicas, formación e intercambio de conocimiento que contribuyan a fortalecer la resiliencia. Con este manifiesto proponemos compromisos concretos para pasar de la norma a la resiliencia efectiva, superando la improvisación mediante la anticipación y una buena gobernanza”, señaló.
Por su parte, Pedro Tomey explicó que el documento recoge el compromiso institucional del Cluster Catástrofes y del Instituto de la Ingeniería para impulsar espacios de cooperación entre administraciones, operadores de infraestructuras, sociedad civil y expertos.
Entre las propuestas incluidas destaca la creación de un Observatorio CER de resiliencia, la organización de foros sectoriales, la elaboración de informes independientes y el refuerzo del análisis de riesgos, especialmente en lo relativo a la seguridad de las personas más vulnerables.
Tomey subrayó que el planteamiento del manifiesto va más allá del ámbito técnico. “La resiliencia debe elevarse a política de Estado, con consensos estables que superen los ciclos electorales. Vivimos en un entorno de inestabilidad geopolítica donde la continuidad de servicios esenciales como la energía, el agua, el transporte o la sanidad determina no solo la economía, sino también la seguridad física de los ciudadanos”, afirmó.
El papel del sector asegurador
Durante el acto también se abordó el papel del sector asegurador en la gestión de riesgos asociados a las infraestructuras críticas. Roberto Hernández, director de Siniestros de Zurich, destacó que las aseguradoras deben actuar como socios estratégicos en la gestión de riesgos, con un papel cada vez más proactivo.
En este sentido, apuntó a la necesidad de realizar tests de estrés en infraestructuras críticas y mejorar la gestión de los datos para adaptar las coberturas a los riesgos emergentes.
“La correcta gestión de la información será clave para que el sector pueda innovar y ajustar las coberturas a los riesgos actualizados de estas infraestructuras”, señaló.
Ingeniería y continuidad de servicios esenciales
José Trigueros destacó, por su parte, la contribución de la ingeniería en el desarrollo de infraestructuras más resilientes. Según explicó, las distintas disciplinas de la ingeniería desempeñan un papel fundamental en el análisis de riesgos, el diseño de sistemas más robustos y la recuperación de servicios esenciales tras situaciones de crisis.
El manifiesto también propone reforzar la transparencia y la rendición de cuentas tras incidentes graves, mediante investigaciones técnicas independientes que eviten la politización de estos procesos.
Asimismo, plantea que los operadores de servicios esenciales integren la resiliencia en su estrategia empresarial mediante sistemas de respaldo operativo que reduzcan el riesgo de fallos en cascada en infraestructuras cada vez más interconectadas.
Cultura de resiliencia y formación
El documento subraya igualmente el papel de la sociedad civil, las universidades y el sistema educativo en la construcción de una cultura de resiliencia. Entre las medidas propuestas figuran el impulso a la formación especializada, el análisis independiente desde el ámbito académico y la promoción de una cultura preventiva entre la ciudadanía.
Según destacó Pedro Tomey, 2026 será un año clave para la aplicación de la Directiva CER, que debe convertirse en una herramienta efectiva para reforzar la seguridad de las infraestructuras y la continuidad de los servicios esenciales.
Con este manifiesto, el Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería hacen un llamamiento a administraciones, empresas y sociedad civil para impulsar una estrategia común que permita proteger a las personas, fortalecer la confianza institucional y mejorar la competitividad de España en un contexto global cada vez más incierto.